Como ex aspirante a la rectoría en el último proceso de designación, es mi deber expresar mi opinión como miembro también de la comunidad universitaria sobre la ocupación militar- policiaca de la Preparatoria “Pascual Ortiz Rubio”, ampliamente documentada y del dominio público y porque fue un operativo solicitado con carácter “preventivo” supuestamente relacionado con la existencia – aun sin aportar las pruebas suficientes del caso – de venta de droga y consumo, así como la portación de algún tipo de armas por parte de los miembros de la comunidad universitaria nicolaita.
Dicho operativo calificado por el secretario general de la universidad, el Dr. Zoé Infante, como “sorpresa” en una entrevista otorgada al periodista Jaime López Martínez en su noticiero “Respuesta”, cuya grabación está en mi posesión para una eventual aclaración o réplica en su caso.
Dicho operativo militar-policiaco a petición de la rectora Dra. Yarabí Ávila González es equivocado con consecuencias insospechadas, más aún cuando esta estrategia continuará de manera aleatoria según declaraciones del Dr. Infante para continuar con la prevención de la existencia de venta de drogas y el consumo al interior de la universidad. Este hecho tiene fatales consecuencias por las siguientes razones:
-Viola la autonomía universitaria;
-Viola los derechos humanos a no existir hasta hoy los elementos suficientes de prueba sobre la existencia de algún delito;
-Criminaliza de hecho a todos los miembros de la comunidad universitaria nicolaita;
-Viola el principio del debido proceso, más aún cuando no hay una orden judicial por parte de un juez a petición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán con los elementos suficientes probatorios de parte de la rectoría como representante legal de la universidad;
-La Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo también es violentada porque no otorga a la Rectoría facultad alguna para solicitar llevar a cabo dichos operativos militar-policiacos y no consultar previamente al H. Consejo Universitario sobre el supuesto asunto, muy contrariamente a lo que afirma el Dr. Zoé Infante.
Por las consideraciones antes expuestas demandó como parte de la comunidad universitaria la inmediata suspensión de los operativos militar-policiaco porque soy miembro activo de la comunidad universitaria y me siento violentado en mis derechos humanos y vulnerado con dichos operativos.
No se puede negar la existencia de la venta de drogas al interior de la universidad nicolaita y el consumo por parte de algunos miembros de la comunidad universitaria, pero como especialista en asuntos públicos y políticas públicas existen otras alternativas para enfrentar esta problemática social producto de la guerra fallida de la lucha contra el narco y el crimen organizado iniciada por el gobierno de Calderón, continuada por Peña Nieto y ahora es implementada por el gobierno de López Obrador con las consecuencias económicas y sociales ampliamente conocidas.
Tampoco la comunidad universitaria nicolaita y las autoridades pueden ignorar o disimular esta problemática al interior de la institución universitaria porque es un asunto que tiene que enfrentarse con soluciones de corto, mediano y largo plazo y sobre todo saber manejar correctamente el problema; como especialista en asuntos públicos y políticas públicas el asunto es de carácter público porque la universidad es una institución pública cuya finalidad es la formación de profesionales en todas las áreas del conocimiento científico, además porque cuenta con recursos humanos altamente calificados y potencialidades para enfrentar esta problemática al interior que es un refregó del entorno social que vive el país.
Por lo tanto, es necesario elaborar una estrategia producto de una amplia participación y discusión por parte de los integrantes de la comunidad universitaria nicolaita y las autoridades que a continuación se describen de formas de líneas de acción:
-Establecer comités de vigilancia y seguridad en cada una de las dependencias universitarias donde participen autoridades, trabajadores académicos y administrativos y estudiantes.
-implementar un protocolo de respeto y con apego a los derechos humanos con la colaboración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos;
-Realizar una investigación sobre las repercusiones del Covid 19 sobre los miembros de la comunidad universitaria para saber hasta dónde ha generado problemas Psico emocionales que propician hasta cierto punto el consumo de alcohol y drogas;
-realizar conferencias, seminarios y otros eventos donde se analice y se discuta la problemática escuela por escuela, exhortando a los sindicatos universitarios a sumarse a todas estas actividades;
-Utilizar todos los medios de comunicación de la universidad y las redes sociales en la instrumentación de esta estrategia;
-La finalidad de esta estrategia es hacer conciencia y reconocer el problema al interior de la comunidad universitaria, estableciendo mecanismos e instancia donde puedan recurrir los miembros de la comunidad para su atención en este sentido la universidad cuenta con el área de la salud y en especial con la Facultad de Psicología;
-La problemática requiere de un tratamiento interdisciplinario y multidisciplinario, la universidad cuenta con los recursos humanos necesarios y aprovecha sus capacidades potenciales.
Para llevar a cabo más eficaz y eficiente esta estrategia es necesario incorporar las tecnologías de la información y comunicación, por ejemplo, la creación de una aplicación y un número o WhatsApp de atención y orientación sobre la problemática, así como la formación de equipos interdisciplinarios para la prevención de la problemática.
Todas las anteriores líneas de acción propuestas son temas a discutir, investigar y desarrollar para ejecutar la estrategia antes propuesta.
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es parte de la sociedad de Michoacán, pero al mismo tiempo es una institución altamente sensible porque en ella participan diferentes grupos de opinión con una diversidad de visión del mundo, de la sociedad y la política, es una masa crítica en constante desarrollo que analiza también los fenómenos sociales desde diferentes ángulos políticos y por lo tanto no puede ser intimidada por operativos militares-policiacos por lo antes expuesto.
Tampoco se puede imaginar que por parte de las autoridades universitarias sea una estrategia para militarizar silenciosamente a la universidad, no obstante que el mencionado operativo tuvo la participación de los tres niveles de gobierno a petición supuestamente por la autoridad universitaria.
Por lo antes expuesto con estos operativos se corre el riesgo de violentar la integridad física de los miembros de la comunidad universitaria y tampoco es deseable que se produzca otro Ayotzinapa pero ahora Nicolaita.
