El desarrollo urbano de Morelia, así como el de Michoacán, ha carecido de una planeación y con ello el problema de la movilidad mediante un sistema de transporte público de acuerdo a las necesidades del mercado.
Ambos problemas están estrechamente relacionado, mas aun cuando han proliferado unidades habitacionales de manera fuera de las zonas urbanas, y las mismas se encuentran ubicadas en puntos opuestos a los centros de trabajo y las zonas escolares, de esta manera el transporte público de la última década creció de manera exponencial y los mecanismos institucionales para regular su funcionamiento son ineficientes, llenos de opacidad y corrupción.
El sistema de concesiones para brindar el servicio de movilidad urbana o de combis, camiones y taxis es anárquico y su ordenamiento está secuestrado por los dirigentes del mismo transporte público en organismos descentralizados del gobierno estatal como la Comisión Coordinadora del Transporte Público en Michoacán Cocotra y la Comisión Reguladora de Transporte, las cuales supuestamente determinan las rutas de forma monopólicas.
Estos mecanismos están hundidos en la opacidad y la corrupción ante la mirada complaciente del gobierno estatal.
Imponen sus intereses gremiales al interés público. Los usuarios son sometidos a un mal servicio entre los cuales destacan el sobre cupo en las unidades, los malos tratos y el exceso de velocidad, además de la falta de educación hacia el público.
Ante la falta de fuentes de trabajo el crecimiento exponencial del transporte público ha sido una válvula de escape a este problema social.
Los transportistas argumentan a su favor el aumento de los combustibles y las refacciones, así como el pago anual de las concesiones haciendo este negocio poco rentable, ya que a esto hay que añadir el pago de los choferes que no cuentan o son dueños de una concesión.
En Morelia donde se concentra el 25 por ciento de la población, el parque vehicular esta hecho una chatarra y los mecanismos de seguridad para los usuarios son nulos, porque los seguros de viajeros la mayoría de las veces no están vigentes.
Otro problema según los transportistas es la saturación de rutas; pero al final del día la problemática tiene una causa común la falta de planeación y autoridad para poner orden en este sector.
Si es cierto que un servicio de carácter público y que formalmente tiene que cumplir con los requisitos de regulación, todo ello resulta una falacia, al final de cuentas el servicio está secuestrado por las organizaciones de los transportistas ante la omisión del gobierno del estado.
La falta de calidad y el alto precio del transporte público en Morelia y Michoacán, así como los problemas de movilidad principalmente para la población trabajadora ha derivado en el aumento de la compra de automóviles para el servicio particular, saturando las vialidades y aumentando el tiempo de traslado que repercute en los ingresos de los salarios y la calidad de vida de la población.
En este contexto llega la empresa Uber a Morelia y a Uruapan para contribuir al problema de la movilidad urbana que es un servicio entre particulares de carácter opcional, mediante una aplicación, donde el usuario tiene una alternativa entre las diversas opciones de trasportación.
Además de ello, se ofrece calidad en el servicio un menor precio y seguridad, ante ese nuevo servicio los dirigentes del transporte, Trinidad Pasalagua y Corona Salto que controlan en un 90 por ciento el transporte público en Morelia mediante prácticas de opacidad se oponen a este nuevo servicio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado la operación de la empresa Uber como legal y constitucional porque es una actividad de servicio entre particulares mediante la contratación virtual que no se contrapone contra ninguna ley.
Hay que imaginar, que el Seguro Social o el ISSSTE se opusieran a que los afiliados a estas instituciones de salud pública hicieran uso de los servicios médicos privados para atender los problemas de salud.
También es necesario señalar, que con la entrada de Uber a Michoacán no se soluciona la anarquía en que se encuentra el transporte público, ni tampoco se van a solucionar los problemas de corrupción y opacidad en su regulación.
También se tiene que tomar en cuenta que estamos en una economía de libre mercado donde las leyes de la oferta y la demanda determinan el precio de los bienes y servicios y que a final de cuentas es el público consumidor el que elige la mejor alternativa para satisfacer sus necesidades.
Sin ser partidario el que escribe, del mercado como mecanismo regulador de la economía, lo cierto es un fenómeno semejante es la competencia entre las tiendas de conveniencia y las tienditas de abarrotes de la esquina.
Finalmente, el consumidor en su elección es soberano, así lo marca las leyes del mercado y la competencia entre productores desiguales es cruel. Pero ante todo falta la intervención fuerte del gobierno estatal mediante un plan maestro para resolver de una vez por todas no solo la movilidad, sino también la anarquía y corrupción en el transporte público de Michoacán.
