En el caso de México, existen dos gravámenes principales de carácter turístico. Por un lado, a nivel federal se cobra un derecho a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas (DNR: Derecho de No Residentes) y, por otro lado, a nivel local, se cobra un impuesto que grava el hospedaje (impuesto por la prestación de servicios de hospedaje).
El DNR es el derecho que deben pagar los extranjeros cuando ingresan a México bajo la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (turísticas), por vía aérea, terrestre o marítima. Actualmente es de $687 pesos por persona. La cifra estimada de recaudación durante 2022 rondaría los 10 mil millones de pesos.
Esta imposición se creó con la finalidad de contar con un fondo de recursos que se destinarían para impulsar la promoción en el exterior del turismo en México, fundamentalmente, es decir, con la finalidad de impulsar el crecimiento del turismo, sin embargo, con la desaparición del CPTM, como una empresa de participación estatal, y la extinción formal de los programas y acciones que realizaba para la promoción de México en el exterior, se estableció en la ley que se destinarían para estudios, proyectos e inversión en infraestructura que determine el Gobierno Federal con objeto de conectar, fortalecer, generar accesibilidad, iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.
Esta semana, el presidente López envió una iniciativa a diputados para que los ingresos turísticos se vayan a sus mega obras. En el documento entregado a la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que los proyectos prioritarios de su gobierno están orientados a incrementar la derrama económica de la región y el turismo.
La iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo, establece en su Artículo 18-A, que de los ingresos provenientes del turismo, se destinarán en un 20% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que otorga. En cambio, el 80% restante de estos ingresos se destinará a la planeación, estudios, proyectos e inversión en infraestructura a cargo de la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal cuyo objeto social sea la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos, culturales, entre otros de diversa índole.
Asimismo, para los programas que permitan la ejecución, operación, administración, contratación de bienes y servicios, adquisición de bienes, construcción, mantenimiento, modernización y aprovechamiento de los proyectos y de la infraestructura a cargo de dicha entidad. Es decir, para obras como el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Refinería Dos Bocas, el Aeropuerto de Tulum, entre otras que actualmente se mantienen en proceso de construcción.
Para que esto pueda ocurrir, el mandatario mexicano también propuso quitarle al Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) la recaudación de los recursos provenientes de los permisos otorgados a los extranjeros para ingresar al país como turistas. Además de crear un fideicomiso público.
En el documento, el presidente López Obrador argumentó que los proyectos prioritarios de su gobierno están orientados a incrementar la derrama económica de la región y el turismo, así como a crear empleos, mejorar las condiciones económicas que reduzcan las brechas de desigualdad, contribuir al bienestar social, impulsar el desarrollo sustentable, proteger al medio ambiente de las zonas y propiciar el ordenamiento territorial de las regiones.
La propuesta del presidente fue remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión de Turismo, para opinión.
Así, el presidente López sigue explotando los ingresos por turismo en obras que no son necesariamente turísticas y descuida completamente la promoción turística.
