Son muchas las causas y varios los factores que explican los orígenes del quebranto financiero que padece Michoacán desde hace tres lustros.
La historia de este quebranto y del déficit en las finanzas públicas acumulado año tras año, desde luego, deben buscarse en el primer gobierno de “izquierda” que estrenó Michoacán al comenzar el siglo actual.
En esos años, con el gobierno en manos de una dinastía cuyos hechos la han vuelto impresentable y un secretario de finanzas muy poco confiable, ocurrió de todo en el estado.
Sería imposible trazar, en pocas líneas, todas las inconsistencias y los hoyos financieros que vienen de esos años, pero los hechos principales podrían caber en las siguientes coordenadas técnico-financieras: Desorden administrativo; uso faccioso y/o privado del presupuesto público; triangulación injustificada y bajo sospecha de recursos públicos; irresponsabilidad financiera en el ejercicio del gasto público; transferencias arbitrarias de recursos públicos entre partidas presupuestales de distinta naturaleza; reasignaciones ilegales de recursos de una unidad programática presupuestaria a otra; contratación de deuda pública para fines distintos a los que prescribían la Ley de Deuda Pública del Estado y el artículo 117 constitucional; engrosamiento anual (de hasta dos o tres veces su monto anterior) del presupuesto público del estado; abultamiento innecesario de las plantillas de personal y de la nómina burocrática, tanto del gobierno estatal como de los gobiernos municipales; saqueo “hormiga” de los recursos de la hacienda pública, generalmente para el pago de “servicios políticos” poco honorables, y un largo etcétera.
Algunas estampas -tan sólo algunas- extraídas de la memoria, podrían revelar el tamaño del desaseo y del hurto que se cometieron con los recursos públicos del estado en esos años: Los casos de Carlos Ahumada Kurtz, América Aguilar, Desiderio Camacho Garibo y tantos otros, son tan sólo una micromuestra que ilustra, por contraste, la gran cantidad de los personajes de la administración pública que no terminaron en la cárcel, inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos o vinculados a proceso.
Por otra parte, a pesar de que la corrupción y el desaseo en el manejo de fondos públicos se elevó exponencialmente en el siguiente gobierno, resultando de ello, según el Bufete de Consultoría Aplicada S. C., de González de Aragón y Asociados (cuyo estudio fue dado a conocer la tercera semana de octubre de 2012), cientos de inconsistencias financieras y más de una veintena de delitos fiscales, financieros, administrativos, civiles, mercantiles, penales y contra la función pública, tanto de competencia federal como estatal, llama la atención que Michoacán sea una de las entidades de la República donde más delitos se han cometido contra la administración pública, en los últimos tres lustros, y que sea, al mismo tiempo, la entidad que cuenta con el menor número de inhabilitados, sujetos a investigación judicial y vinculados a proceso por las mismas razones.
Es decir, mientras los gobiernos y secretarios de finanzas de otras entidades federativas fueron señalados con índice de fuego, juzgados por la opinión pública y en muchos casos aprehendidos con orden judicial, el quebranto financiero de Michoacán -por la omisión de uno y de algunos más, o por la displicencia socarrona de varios- continúa sin ser ventilado -desde el punto de vista de sus probables responsables- ante las instancias judiciales correspondientes, básicamente con dos propósitos: por un lado, deslindar las probables responsabilidades judiciales de los presuntos implicados y, por otro, proceder a la reparación del daño infligido a la hacienda pública del estado y a los michoacanos, en los casos en que se sustente la procedibilidad y corresponda y sea viable el fincamiento de querella de parte, así como la aplicación de una o varias penas a los probables responsables.
En política, lo que no descompone el poder lo descompone el dinero. Y lo que no descompone uno ni otro lo descomponen las pasiones humanas.
La posibilidad de que el auditor superior del estado pueda ser objeto de juicio político, con todas las formalidades legales que implica el procedimiento al interior del Congreso del Estado, podría, ciertamente, contribuir a despercudir el rostro de un Poder Legislativo que, en términos de fiscalización y rendición de cuentas, le ha quedado a deber a los michoacanos.
Sin embargo, junto a lo anterior se impone un aprovechamiento óptimo de los informes y elementos de certeza jurídica que provee la Auditoría Forense recién terminada, rescatando los “datos vivos”, el comparativo de fechas en que se hicieron transacciones financieras indebidas y los resquicios legales que el mismo documento de auditoría aporta, con el objetivo de que nuestra entidad -así sea a medias- deje de ser lo que ha sido en todos estos años: la “oveja negra” de la República.
