En México, la seguridad no puede seguir siendo abordada desde la improvisación o el simbolismo político. La violencia que enfrenta el país requiere decisiones basadas en evidencia. En lo que va de este siglo, ninguna estrategia de seguridad se ha fundamentado en métodos que garanticen los mejores resultados. Todo ha sido, en el mejor de los casos, intentos de estrategias con resultados esporádicos y escasos.
Y es que, para pacificar a México y detener tanta matanza, el programa de desarme voluntario promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, “Sí al desarme, sí a la paz”, aunque bien intencionado, carece de sustento científico que respalde su efectividad para reducir los homicidios dolosos en un país que lleva más de dos décadas atrapado en tasas epidémicas de violencia letal.
En su reciente informe de los 100 días en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum afirmó que “la oposición quisiera que su estrategia de seguridad fracasara”. Pero, ¿quién desearía vivir en un país donde, por el simple hecho de ser adolescente, tienes un alto riesgo de ser víctima de homicidio o desaparecer? En los primeros cien días de su gobierno, se registraron, en promedio, 40 desapariciones cada día, lo que representa un aumento del 60% en comparación con el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, cuando el promedio diario fue de 25 víctimas.
¿Quién desearía vivir en un país donde diariamente asesinan a más de 75 personas, principalmente hombres jóvenes? Según el INEGI, el homicidio es la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 44 años. ¿Quién querría vivir en un país donde asesinan a 8 mujeres diariamente por el simple hecho de se mujer? En un país que ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil según la OCDE. ¿Quién?
La realidad que enfrenta México en términos de violencia letal y desapariciones es única en el mundo debido a la convergencia de factores criminológicos. En términos internacionales, pocos países presentan simultáneamente un nivel tan alto de homicidios, desapariciones y feminicidios, combinado con una normalización cultural de la violencia.
Lo que sí queremos, y parece mucho pedir, es una estrategia que funcione. Una estrategia basada en evidencia. Criticar una estrategia de seguridad no nos convierte en adversarios. La crítica no es traición; es una forma de construir contrapesos, de exigir que las políticas públicas sean transparentes, efectivas y, sobre todo, que reviertan la epidemia de asesinatos y desapariciones que cada día hace más dolorosa la herida abierta de cientos de miles de víctimas.
Lo que dice la ciencia
La evidencia y la ciencia están ahí para quien quiera leerlas. El Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro realizó un estudio exhaustivo sobre las estrategias más eficaces para reducir homicidios en América Latina. De todas las políticas analizadas, el desarme voluntario aparece en la categoría de intervenciones que “no funcionan”. Evaluaciones realizadas en Argentina y Brasil, donde se implementó un programa similar, evidenciaron que no logra reducir los homicidios dolosos. Y no es de extrañar: las armas entregadas voluntariamente suelen venir de ciudadanos que no están involucrados en actividades delictivas, mientras que los arsenales de los grupos criminales permanecen intactos.
En México, se estima que hay 16.8 millones de armas de fuego en manos de civiles, de las cuales el 74% provienen de Estados Unidos, como lo ha señalado la propia presidenta Sheinbaum. Lo que no ha señalado es que hay un mercado ilegal interno de armas que no solo abastece a los grupos del crimen organizado, sino que también prevalece dentro de las propias instituciones de seguridad pública. Las armas de muchos criminales no solo vienen de afuera, sino también de adentro. En 2022, la propia Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el control y resguardo de armamento en varias corporaciones policiales estatales y municipales, exacerbando el riesgo de que estas armas sean desviadas hacia el mercado negro y finalmente caigan en manos de grupos armados.
La falta de control interno, la corrupción y la insuficiente supervisión en las corporaciones policiales y militares han creado una brecha que la propuesta de la presidenta no parece abordar de manera contundente. No es posible hablar de una verdadera estrategia de desarme cuando el enemigo no es un civil preocupado que entrega su vieja pistola oxidada. El verdadero arsenal está bajo resguardo de ejércitos de grupos del crimen organizado que lo mismo distribuyen droga que organizan entregas de juguetes.
La presidenta Sheinbaum insiste en que su estrategia de seguridad no es un tema de “mano dura”. Y está bien; nadie quiere un estado represivo. Pero el discurso también corre el riesgo de transmitir un mensaje ambiguo, incluso ingenuo. Emular el enfoque de “abrazos, no balazos” de la administración anterior podría interpretarse como un gesto de condescendencia hacia los grupos del crimen organizado. Eso sí, con el beneficio adicional de dejar a los ciudadanos con un mensaje confuso: “no es mano dura, pero tampoco exactamente una mano firme”.
Los mexicanos queremos que a la presidenta Claudia Sheinbaum le vaya bien. Su éxito es el éxito de un país que clama por seguridad, justicia y paz. Pero para lograrlo, no basta con buenas intenciones. La urgencia de la crisis exige estrategias basadas en evidencia, libres de simulaciones y dispuestas a enfrentar las realidades más crudas del fenómeno criminal. El pueblo mexicano merece más que simbolismos; merece resultados tangibles y un gobierno que esté a la altura del desafío. A fin de cuentas, todos deseamos vivir en un México donde no tengamos que preguntarnos, una y otra vez,
“¿Quién querría vivir así?”.
