Las cuales se desarrollarán hasta el 28 de mayo, en vísperas de una elección histórica programada para el 1 de junio
Este lunes comenzaron formalmente las campañas por cargos del Poder Judicial en Michoacán, con 254 aspirantes registrados para 112 posiciones.
Las campañas se desarrollarán hasta el 28 de mayo, en vísperas de una elección histórica programada para el 1 de junio.
El proceso reviste especial interés por tratarse de la primera elección directa de jueces y magistrados en México, tanto en el ámbito local como federal, lo que derivará en boletas electorales densas y con alta cantidad de nombres.
Aunque en total se presentaron 297 candidaturas, 43 fueron desistidas por razones personales, lo que dejó un universo final de 254 contendientes.
De manera llamativa, ninguno ha solicitado medidas de seguridad personal, pese a la violencia persistente en la entidad.
Como parte de los esfuerzos de transparencia, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) lanzó este lunes la plataforma digital “Conóceles”, a través de la cual los ciudadanos podrán consultar los perfiles de cada candidato en contienda.
El Consejo General del IEM aprobó criterios específicos para fomentar la participación femenina, con lineamientos de equidad e imparcialidad enfocados en el proceso judicial extraordinario.
En reiteradas ocasiones, tanto David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del INE, como Ignacio Hurtado Gómez, titular del órgano local, subrayaron lo complejo del esquema organizativo, así como las limitaciones que implican las nuevas reglas del juego.
Entre las restricciones destaca la prohibición absoluta de utilizar recursos públicos o donaciones externas.
Los aspirantes deberán solventar sus campañas con fondos propios y no podrán realizar actividades proselitistas grupales.
Más de 18 millones 920 mil boletas serán impresas para este ejercicio democrático sin precedentes.
A pesar de los esfuerzos logísticos, 14 comunidades indígenas de Michoacán han manifestado su rechazo a la instalación de casillas.
Si bien la normativa impide expresamente la participación de actores políticos y de partidos, algunos personajes han promovido a candidatos cercanos mediante publicaciones personales en redes sociales, justificando sus actos como muestras de apoyo voluntario.
