El Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público bloqueó el acceso al Palacio Legislativo y, posteriormente, a la sede alterna
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Fabiola Alanís Sámano, puso fin a la polémica sobre la movilización de cuerpos policiacos en el Congreso del Estado al adjudicar la responsabilidad directamente a la presidencia de la Mesa Directiva.
Aseguró que, conforme a la Ley Orgánica del Parlamento, el único con la facultad de solicitar su presencia es el presidente de la Mesa Directiva y así su declaración deja sin sustento la negativa de Juan Antonio Magaña de la Mora, quien había rechazado ser el responsable del cerco de seguridad.
«El asunto de aquí de las fuerzas que vinieron al congreso, el único que tiene la posibilidad de llamarlos es el presidente de la Mesa, la presidenta de la Jucopo no tiene posibilidades aunque quisiera», indicó.
La presencia policial ha marcado las últimas sesiones legislativas.
Durante la discusión de la reforma al artículo 129, que impacta directamente al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), el Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público (AROP) bloqueó el acceso al Palacio Legislativo y, posteriormente, a la sede alterna.
A pesar de este operativo, Magaña de la Mora negó a los medios haber dado la orden, lavándose las manos ante los cuestionamientos.
Sin embargo, Alanís Sámano, luego de esquivar varias preguntas, terminó reconociendo que solo el presidente de la Mesa Directiva tiene la atribución legal para convocar a las fuerzas de seguridad.
El despliegue policial volvió a repetirse la semana pasada, cuando sindicatos y transportistas se movilizaron al Congreso, que fue blindado hasta varias cuadras a la redonda.
La restricción de acceso generó indignación entre los inconformes, quienes se toparon con un cerco policiaco que convirtió al recinto en un búnker.
Las palabras de Alanís Sámano no solo desmienten a Magaña de la Mora, sino que lo exhiben como responsable de la estrategia de resguardo extremo, que ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza en el Poder Legislativo.
