Refiriéndose al documento del 8 de noviembre y no al proyecto aprobado ayer por el CU, sentenció: no se deben reformar pensiones y jubilaciones
Lo que lo que hoy Rectoría somete apresuradamente a consulta vía digital y por solo 5 días no es la reforma constitucional a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana firmada y promulgada en el decreto constitucional, sino un proyecto de nueva ley redactado en comisiones del Consejo Universitario y aprobado ayer, alertó Jorge Álvarez Banderas, reconocido abogado nicolaita y académico de la Facultad de Derecho.
Retomando el hecho fundamental sobre lo que es la reforma constitucional, el documento de noviembre pasado, denunció también que «ya es febrero y nunca fuimos convocados» durante estos 3 meses del plazo como comunidad para conocer y hacer propuestas para ser incluídas en la legislación nicolaita.
No hubo seminarios, ni foros, ni siquiera información de la misma en escuelas, facultades e institutos. Y es que repasó que el 8 de noviembre pasado en sesión del Consejo Universitario fue entregado el proyecto de reforma constitucional a la Ley Orgánica universitaria, y se pidió a consejeros que por el método que más les acomodase llevasen la comunicación a las dependencias educativas, recogieran observaciones y propuestas y se entregaran en el mes de febrero: «estamos en Febrero y en consecuencia debimos ser convocados cada quien en nuestros planteles para entregarnos ese proyecto de reforma a la Ley orgánica», y a la fecha no hay nada presencial.
Dijo que en su caso particular en la Facultad de Derecho nunca fueron citados ni convocados en todo este tiempo por lo que informó haber solicitado la exposición de motivos a la Dirección de su plantel «porque es importante conocer la intención que se tiene para poder realizar modificaciones y de manera específica el artículo que hoy nos compete que es el régimen de pensiones y jubilaciones» de los trabajadores de la UMSNH, que es el artículo 29 que establece que los trabajadores con 25 años de servicio pueden jubilarse con una pensión y que sigue vigente.
Hasta el día de hoy no ha tenido respuesta, y en ese mismo lapso acudió al despacho del gobernador michoacano también para lo mismo, sin haber obtenido respuesta, pero poco después la Consejería Jurídica como representante del gobernante le dio una respuesta diciéndole que ese es un proyecto y por tal no hay exposición de motivos y que una vez que ellos recibiesen de parte de la Universidad Michoacana la aprobación de dicho proyecto entonces darán a conocerlo. Y como conocedor del derecho afirmó que todo proyecto debe ir acompañado de exposición de motivos «que es donde se vierte y donde se desentraña el sentido de las cosas y el por qué se quieren cambiar», expuso.
Álvarez Banderas advirtió que le preocupa el por qué el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla quiere cambiar el artículo 29 relativo a las jubilaciones y pensiones, que está vigente en la Ley Orgánica de la Casa de Hidalgo, por ello califico de «rara esta situación» y esta respuesta.
También sobre el proyecto presentado presuntamente a todas las dependencias universitarias «por la presidenta del Consejo Universitario», es decir, la rectora Yarabí Ávila González a la cual nunca nombró, «no sé! pero en mi dependencia no hubo foros, no hubo seminarios, no hubo nada y pasaba el tiempo», relató, por lo que dijo haberse dado a la tarea de hacer una tabla comparativa de lo que hoy se consigna, de lo que se pretende reformar y en una tercer columna su propia propuesta, dejando en claro estar refiriéndose al proyecto del 8 de Noviembre no al actual aprobado ayer en sesión casi privada, centrado en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Máxima Casa de Estudios «donde yo señalo que no hay necesidad de hacer una reforma alguna».
Refiriéndose a ese documento del 8 de noviembre y no al proyecto aprobado redactado por un grupo de consejeros, definió Álvarez Banderas que sobre los otros puntos a reformar que son la elección abierta del nuevo rector, el presupuesto pleno para la Universidad Michoacana ya fijo cada año, y elevar a rango constitucional la autonomía universitaria «no tengo observaciones» por hacer, y denostó que no haya habido una consulta como lo marcaba el artículo segundo de la Ley General de Educación.
