“Lleva en sus entrañas el control al que quiere someter la actual administración a la comunidad universitaria” cuestionó consejero a Rectoría
Ríspida fue la presentación de la propuesta de Reforma la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana 2024 en la sesión ordinaria del Consejo Universitario que tuvo lugar esta media mañana, y donde se presentaron desde el inicio profesores del SPUM con pancartas que rezaban “no a la reforma a la Ley Orgánica” mostrándose en contra de su contenido porque lesiona sus derechos laborales, y donde consejeros no afines a Rectoría pidieron claridad y certidumbre a la autoridad universitaria sobre la pretendida aprobación a una reforma que, como va planteada, es a todas luces una intención de Rectoría actual de tener todo el control y desaparecer la división de ámbitos y poderes universitarios internos.
La sesión del máximo órgano de gobierno universitario inició con el rechazo, sobre todo de los spumistas, cuyo líder, Jorge Luis Ávila Rojas, entregó un manifiesto a la rectora Yarabí Ávila González en la mesa en la sala de sesiones.
Durante la sesión ordinaria y presentación de este documento de propuesta de reforma en que no fue leído porque ahora Rectoría acostumbra mandarles por correo previamente a todos los consejeros los documentos que deben ser sometidos a discusión para apurar que se voten, refirió que se va a someter a consulta y que únicamente era la presentación y no se iba a votar hoy.
Si bien es importante modificar esa Ley Orgánica porque data de hace 38 años se requiere un consenso, replicó el doctor Félix Chamú, representante del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, quien pidió que no sea un proceso de simulación la consulta a aplicar y que esta tenga la plena participación de toda la comunidad nicolaita.
De entrada, sostuvo y cuestionó que la propuesta de reforma plantea modificaciones que pretenden ajustar la Ley Orgánica de la UMSNH al estatuto universitario “evidenciando la carencia de un razonamiento lógico en el correcto proceso de reforma del marco normativo universitario que considere la jerarquía jurídica”, pues primero debe reformarse la Ley Orgánica y posteriormente adecuar y aprobar el estatuto universitario en términos de dicha reforma, fue claro.
Advirtió que esa propuesta de reforma a la Ley Orgánica 2024 en caso de aprobarse “tendrá graves implicaciones para el desarrollo institucional de nuestra Universidad”, tales como el que el próximo titular de Rectoría sea definido por la actual rectora y el secretario general.
Es evidente que esa propuesta “lleva en sus entrañas el control al que quiere someter la actual administración a la comunidad universitaria” pretendiendo Rectoría asumir el control absoluto de la Casa de Hidalgo, condenó.
Expuso que el proceso de reforma requiere un diagnóstico, consultas, propuestas y un espacio de discusión que involucre a todos los sectores universitarios “y que responda a la representatividad democrática que el siglo XXI demanda y no a ejercicios simulados avalados por consejeros universitarios acríticos y proclives a la autoridad universitaria”, exigió el consejero, quien alertó que se hace necesario revisar los procedimientos de fondo planteados en la designación del rector, ya que en uno de los puntos propone que sea ante el Consejo Universitario y ante el rector en turno que rinda protesta el nuevo jefe nicolaita, cuando quien toma la protesta es la Comisión de Rectoría, entre otros puntos que han sido cuestionados.
Con respecto a lo propuesto en el artículo 19 de esa misma propuesta de reforma a la Ley Orgánica sobre la integración del Tribunal Universitario, acusó que es un atentado a la autonomía del Consejo Universitario, ya que otorga poderes absolutos a la Rectoría porque propone que la rectora y el secretario general en turno designen a sus integrantes para quedar a modo, afectando gravemente el equilibrio de poderes al interior de la Universidad convirtiendo a este órgano en un poder coercitivo más, junto al abogado general y a la Contraloría universitaria con los cuales “se podrán establecer medidas punitivas y sancionadoras a la libertad de expresión y manifestación confiriéndole poderes despóticos y autoritarios a la Rectoría en contra de la comunidad universitaria”, alertó.
Y sobre el sensible tema de jubilaciones y pensiones, el doctor Chamú también hizo las puntuales observaciones de que no debe ser trastocado, pero fue justo en ese momento interrumpido por la rectora Ávila González, quien le dijo que hoy era nada más la presentación de esta propuesta de reforma y no tenía por qué venir un análisis como éste, a lo que el consejero le replicó y pidió que le dejase terminar el posicionamiento y análisis porque ya iba a concluir su participación.
La funcionaria insistió que únicamente solo fue entregada y presentada ante el Pleno nicolaita esta propuesta, y aclaró que la consulta la llevarán a cabo cada facultad o escuela con sus profesores, alumnos y empleados en el modo que decidan: sea por foro, mesa de trabajo o por consulta directa para revisar su contenido a fin de emitir en febrero del 2025 las propuestas a la Secretaría General de la institución nicolaita, para lo cual tendrán lo que resta de noviembre, todo diciembre y todo enero.
Ante el CU dichas propuestas serán llevadas de nueva cuenta para su exhaustiva discusión y ser revisadas a profundidad, se comprometió la funcionaria, para hasta entonces, llevarla a votación.
Es evidente la intención de Rectoría de querer el total control del poder, según cuestionan analistas que han revisado el documento. Ávila González señaló que se trabajará de manera conjunta y armonizada, y que esta iniciativa se debe difundir en cada plantel para que de ella se entere toda la comunidad universitaria y participen en este periodo de consulta.
La inconformidad de trabajadores de la Universidad Michoacana es de ambos sindicatos. Aunque el SUEUM no estuvo presente a través de su consejero, quien por primera vez en este rectorado fue convocado a sesión, el gremio emitió un manifiesto en contra de esta iniciativa de ley que, cuestionan los empleados universitarios, está a hecha a modo de la autoridad y sin el consenso de la comunidad universitaria.
