Al considerar que la corrupción es el cáncer que aqueja hoy por hoy a México y a Michoacán, que destruye el tejido social y que deja sin futuro a los ciudadanos del mañana, los diputados del PAN Andrea Villanueva Cano y Carlos Quintana Martínez, refrendaron su respaldo al compendio de leyes aprobado por la 73 Legislatura para la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción.
“Si bien estoy consciente que estos primeros esfuerzos no son suficientes, veo con esperanza la voluntad de quienes integramos este Poder Legislativo y otras instancias de gobierno, para poner un alto definitivo y contundente a un delito que nos cuesta a los mexicanos casi el 10 por ciento del Producto Interno Bruto; el 14 por ciento de los ingresos de una familia mexicana y para quienes perciben bajos ingresos, más del 30 por ciento del total de su patrimonio”, lamentó la diputada panista.
Villanueva Cano explicó que el Sistema Estatal Anticorrupción, se construyó con la finalidad de extirpar de todos los órdenes de Gobierno, este mal social que no sólo genera injusticia, impunidad, violencia y hartazgo entre los ciudadanos, sino que ha puesto en peligro la conformación de un Estado libre y a todas las instituciones que lo conforman.
De lo anterior, reiteró el llamado para que el Congreso local, salde las deudas pendientes que mantiene con el fortalecimiento y la ciudadanización de la Auditoría Superior de Michoacán; además de “darle una bocanada de oxígeno a este sistema de gobierno obsoleto que ha servido como tapadera para los corruptos”.
Por su parte el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Carlos Quintana Martínez, reconoció el consenso y la disposición de todos los grupos parlamentarios para concretar un Sistema a la altura de las demandas ciudadanas, reiterando la oportunidad de que en la discusión que sigue en este Poder, se eliminen figuras como el fuero y se establezcan topes salariales.
Finalmente, ambos legisladores pidieron a los ciudadanos hacer valer estas leyes y tomar las riendas de la fiscalización absoluta del trabajo público, sentando con ello las bases necesarias para la transformación que tanto han anhelado los michoacanos.
CONVOCAN A REDOBLAR ACCIONES PARA DISMINUIR POBREZA EN MICHOACÁN
A redoblar esfuerzos para disminuir la pobreza, exhortó la diputada Nalleli Pedraza Huerta, quien señaló que tras la presentación de un posicionamiento que hizo hace unos días, respecto a la pobreza que se vive en Michoacán, la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ha dado a conocer las estadísticas sobre la condición de pobreza en el Estado, lo cual es un llamado para los diversos niveles de gobierno, a fin de fortalecer las políticas públicas encaminadas a disminuir y combatir la marginación.
Afirmó que el delegado de la SEDESOL en Michoacán, aseveró que la cifra de los ciudadanos en pobreza extrema en el Estado es de 14 por ciento. «Este porcentaje refleja el problema que lacera al desarrollo integral del estado, que impide el crecimiento económico y, a su vez, el crecimiento sociocultural de las y los michoacanos».
Asimismo la diputada del PRD, dijo que entre los problemas que trae consigo la pobreza, es la formación de poblaciones en situación de calle, es decir, niñas, niños, mujeres, adultos mayores que viven en las calles, y en consecuencia ven vulnerados sus derechos humanos, por lo que estos representan por sí mismos un problema social en expansión.
Ante esta situación, la diputada Nalleli Pedraza expresó que con la información presentada por la SEDESOL, los diversos niveles de gobierno están obligados a emprender un diagnóstico de las personas que viven en situación de calle y así intervenir de manera urgente en esta problemática.
Pedraza Huerta puntualizó que la pobreza es un fenómeno dinámico y complejo que vulnera y limita el ejercicio pleno de los derechos sociales de cualquier sociedad, por lo que, se requiere de un trabajo conjunto entre las autoridades de los múltiples niveles para prevenir y eliminar progresivamente las violaciones individuales y sociales que viven las personas marginadas.
Finalmente, la diputada local integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso local, exhorta a todas las autoridades y al Gobierno del Estado para que emprendan un trabajo conjunto que tenga como objetivo garantizar los derechos fundamentales de la sociedad michoacana.
CONGRESO LOCAL FORTALECE CON ACCIONES CONCRETAS PARA COMBATIR CORRUPCIÓN EN MICHOACÁN
Al aprobarse en la LXXIII Legislatura local el paquete de reformas y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, en Michoacán se dan pasos firmes y se fortalecen las acciones para el combate a la corrupción e impunidad, además se fortalece la cultura de la legalidad, afirmó la diputada Belinda Iturbide Díaz.
Al hacer uso de la tribuna, para razonar su voto a favor, la diputada local por el Distrito de Puruándiro, expresó “en el Grupo Parlamentario del PRD, estamos satisfechos con la decisión que se ha tomado con este paquete de leyes anticorrupción que sin dudarlo hacen falta en nuestro Estado, y damos pasos firmes que como legislatura compartimos para ayudar a terminar con los actos de corrupción e impunidad de los servidores públicos”.
Indicó que con este marco normativo es fundamental para impulsar y crear una cultura de la legalidad.
Belinda Iturbide enfatizó que el sistema Estatal Anticorrupción que se va a implementar en Michoacán, contempla la creación de un Comité Coordinador, otro de Participación Ciudadana, y se fortalece las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de Michoacán, así como al Tribunal de Justicia Administrativa para imponer sanciones a servidores públicos y particulares que incurran en actos de corrupción.
Con estas normas legislativas, resaltó, se empodera a la sociedad para que exija la trasparencia de los recursos públicos, y se podrá castigar con mayor rigor a los funcionarios públicos y particulares relacionados en actos de corrupción.
No obstante, subrayó que será necesario seguir trabajando en los marcos jurídicos para combatir la impunidad en el servicio público y en este tema, se están dando pasos importantes, dijo, con la reforma al Código Penal para el Estado, a través de lo que en la actualidad se podrá combatir con mayor eficacia los delitos de abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, negación del servicio público, tráfico de influencias, cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Como otro logro calificó la creación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Y reiteró que con estas reformas y leyes que aprueba la LXXIII Legislatura local se fortalece el combate a la corrupción e impunidad.
FISCALÍA ESPECIAL INVESTIGARÁ Y PERSEGUIRÁ CORRUPTOS
El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que Michoacán contará con Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción que sean cometidos por servidores públicos o en contra de la administración de justicia, la cual se encargará de investigar y perseguir dichos hechos y formará parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
En sesión ordinaria la LXXIII Legislatura aprobó el dictamen presentado por las comisiones unidas de Gobernación, Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Jurisdiccional, de Justicia y de Puntos Constitucionales, el cual estable que la Fiscalía en cuestión contará con la estructura orgánica, operativa y presupuestal que sea requerida, que deberá ser contemplada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejecutivo del Estado.
El Congreso del Estado será el encargado de designar al titular de la Fiscalía Especializada, la cual será por medio de convocatoria pública y con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes, mismo que deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar con cédula profesional de licenciado en derecho, con antigüedad mínima de diez años, entre otros.
Una vez electo, el fiscal deberá presentar un informe sobre sus actividades y resultados, que será remitido a su vez, al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y al Congreso del Estado, de forma anual y de manera pública, así mismo mantendrá la vigilancia sobre la actuación de su personal, conforme a los preceptos legales.
Cabe destacar que, la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción será la encargada de proponer al procurador el nombramiento de los agentes del Ministerio Público por designación especial que reúnan amplia experiencia profesional en la materia; coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación y análisis; diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad.
CASTIGOS A CORRUPTOS, APRUEBAN DIPUTADOS
En sesión ordinaria, el Pleno de la LXXIII Legislatura aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La Ley tiene por objeto establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.
En ese sentido, los funcionarios y empleados de los órganos del estado que cometan faltas administrativas graves como: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de intereses, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia; podrán ser suspendidos o destituidos de su empleo, acreedores a sanciones económicas y/o inhabilitados para desempeñar cargos públicos.
Asimismo, se castigará a los particulares que sobornen, utilicen información falsa, tráfico de influencias, participen en procedimientos administrativos ilícitos, y contraten indebidamente a servidores públicos, con sanciones económicas por hasta dos veces los beneficios obtenidos, y podrán ser inhabilitados hasta por 8 años para participar en adquisidores, arrendamientos, servicios u obras públicas. Tratándose de personas morales se podría dictar la disolución de la sociedad respectiva.
De la misma forma se contemplan sanciones a los particulares en situación especial, entendiéndose como tal a las cometidas por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición, administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del sector público, que exijan, soliciten, acepten o pretendan recibir algún beneficio, ya sea para sí, para alguna campaña electoral, a cambio de otorgar u ofrecer algún beneficio en caso de obtener el carácter de servidor público.
El dictamen con proyecto de decreto fue elaborado por las comisiones unidas de Gobernación, Justicia, Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Jurisdiccional y de Puntos Constitucionales, integradas por los diputados Mario Armando Mendoza, Ángel Cedillo, Yarabí Ávila, Mary Carmen Bernal, Rosa María de la Torre, Andrea Villanueva, Nalleli Pedraza, Belinda Iturbide, Xóchitl Ruíz, Macarena Chávez, Pascual Sigala, Manuel López, Ernesto Núñez, Carlos Quintana, Juan Pablo Puebla, Miguel Ángel Villegas, Daniel Moncada y Wilfrido Lázaro, quienes conformaron el Grupo de Trabajo Plural encargado del estudio, elaboración y formulación del proceso legislativo para la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción.
Con ese propósito se analizaron las iniciativas presentadas ante por los diputados Macarena Chávez; Mario Armando Mendoza, Yarabí Ávila y Xóchitl Ruíz; Mary Carmen Bernal, por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Roberto Carlos López; Juanita Noemí Ramírez, Carlos Quintana y Héctor Gómez; determinando que los razonamientos esgrimidos en cada una de las propuestas, permitieron contar con un criterio de responsabilidad amplio para la elaboración del dictamen.
APRUEBA CONGRESO LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Con el objetivo de establecer las bases para la prevención, detección, control y sanción de hechos de corrupción y faltas administrativas, el Congreso local aprobó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán, integrado por un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana.
Asimismo, contempla la creación de una Secretaría Ejecutiva, que fungirá como un órgano de apoyo técnico del Comité, a efecto de proveerle asistencia para el desempeño de sus atribuciones.
El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción será la instancia encargada de la coordinación, evaluación y seguimiento del Sistema Estatal en su conjunto y tendrá entre sus facultades diseñar, aprobar y promover políticas públicas en la materia, y será integrado el presidente del Comité de Participación Ciudadana, el Auditor Superior, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y el Secretario de la Contraloría Estatal.
También formarán parte de este órgano colegiado el Presidente del Consejo del Poder Judicial, el Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Protección de Datos Personales, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y tres titulares de los órganos internos de control municipal.
Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana será la instancia de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y la academia, y estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.
El dictamen con proyecto de decreto fue elaborado por las comisiones unidas de Gobernación, Justicia, Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Jurisdiccional y de Puntos Constitucionales, integradas por los diputados Mario Armando Mendoza, Ángel Cedillo, Yarabí Ávila, Mary Carmen Bernal, Rosa María de la Torre, Andrea Villanueva, Nalleli Pedraza, Belinda Iturbide, Xóchitl Ruíz, Macarena Chávez, Pascual Sigala, Manuel López, Ernesto Núñez, Carlos Quintana, Juan Pablo Puebla, Miguel Ángel Villegas, Daniel Moncada y Wilfrido Lázaro, quienes conformaron el Grupo de Trabajo Plural encargado del estudio, elaboración y formulación del proceso legislativo para la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción.
Con ese propósito analizaron las iniciativas presentadas ante por los diputados Daniel Moncada; Mario Armando Mendoza Guzmán, Yarabí Ávila González y Xóchitl Gabriela Ruíz González; COPARMEX, IMCO y Transparencia Mexicana, así como por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, respectivamente, determinando que con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, se da un gran paso en el combate a la corrupción a través de la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, las instancias gubernamentales, y la participación de la sociedad civil.
En ese sentido la Ley contiene las bases para la creación, difusión, promoción y fomento de una cultura de legalidad, ética e integridad en el servicio público, sustentada en el combate a la corrupción a través de la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de los recursos públicos; para la coordinación con el Sistema Nacional de Fiscalización, así como las reglas para la integración, funcionamiento y evaluación de los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción.
Los diputados Mario Armando Mendoza, Yarabí Ávila, Andrea Villanueva, Daniel Moncada, Raymundo Arreola y Belinda Iturbide, hicieron uso de la tribuna para hablar a favor del dictamen.
PRESENTAN IMAGEN Y CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL 5° PARLAMENTO JUVENIL
Abriremos una multiplataforma para que todos los jóvenes de cualquier rincón de Michoacán accedan al 5° Parlamento Juvenil; ya sea a través de un espacio en el Parlamento o a través de los foros que se llevarán a cabo en las redes sociales. Queremos que se expresen, destacó el Presidente del Comité Organizador Wilfrido Lázaro Medina, en el marco de la presentación de la imagen, cartel y campaña publicitaria.
Acompañado de los integrantes del Comité Organizador, José Daniel Moncada Sánchez, diputado; Ezequiel Hernández Arteaga, Secretario de Servicios Parlamentarios; Francisco Castelazo Mendoza, Director del Instituto de Estudios Legislativos (IEL), Laura Carmona Oseguera, Secretaría de Finanzas y Administración, y Ramón Hernández Reyes, Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Lázaro Medina reiteró que no habrá intromisión por parte de ningún diputado para la elección de los jóvenes que accederán al Parlamento Juvenil.
Por su parte, Adriana Iñiguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, resaltó que la participación e interés de un gran número de instituciones públicas y privadas abona a los momentos históricos que Michoacán vive, pues en Sesión de Pleno la LXXIII Legislatura aprobó el primer paquete de Leyes del Sistema Estatal Anticorrupción, lo que refleja la tolerancia, inclusión, y acuerdos por el interés superior que es nuestro estado.
Daniel Moncada Sánchez, Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, lamentó que del millón 200 mil jóvenes que habitan el estado, 500 mil no estudian ni trabajan, y peor aún que más del 80% de los delitos que se cometen en Michoacán son realizados por jóvenes menores de 24 años, por eso el compromiso del Congreso por impulsar medios vinculantes y de expresión, como lo es el 5° Parlamento Juvenil, esto ante la presencia de los miembros del jurado: Belinda Iturbide Díaz, diputada; Juan José Moreno Cisneros, Vocal de Capacitación del Instituto Electoral de Michoacán; Yuliana Bugarini Torres, Directora del Instituto de la Juventud Michoacana; y en representación de la UNLA y UMSNH Amauri López, y Fabiola González Betanzos, respectivamente, así como de los Investigadores del IEL, Mariana Rivera Serrano, y Ángel Saucedo Martínez.
Al evento también asistieron: Rubén Herrera Rodríguez, Magistrado Presidente del TEEM; David Alejandro Delgado Arroyo Vocal Ejecutivo del IEM; Raúl Martínez Rubio, Rector de la UVAQ, y Liliana Moreno Durán, Secretaria Técnica del Comité Organizador del 5° Parlamento Juvenil.
INCREMENTAN CASTIGOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR CORRUPCIÓN
El Congreso del Estado aprobó diversas reformas, adiciones y derogaciones al Código Penal del Estado de Michoacán en materia de delitos de hechos de corrupción como el ejercicio ilícito de servicio público; abuso de autoridad; desaparición forzada de personas; coalición de servidores públicos; uso ilícito de atribuciones y facultades; intimidación; ejercicio abusivo de funciones; negación del servicio público, tráfico de influencia; cohecho; peculado; concusión y enriquecimiento ilícito.
El dictamen presentado por la comisiones de Gobernación, Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Jurisdiccional, de Justicia y de Puntos Constitucionales establece que se castigará hasta con nueve años de prisión y de cien a quinientos días de multa al servidor público que cometa el delito de abuso de autoridad; y se impondrá la pena de hasta cincuenta años de prisión, destitución e inhabilitación hasta por diez años del ejercicio del cargo al servidor público o particular al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de personas,
Dichas reformas plantean aumentar las sanciones a los servidores públicos que actúen en perjuicio a la hacienda pública, entre las cuales destaca la penalización de dos a cinco años de prisión y de cien a 400 días de multa a aquel que sustraiga, destruya, inutilice, oculte o utilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso; así como, presente informes manifestando hechos o circunstancias falsos o niegue la existencia en todo o en parte de los mismos.
En materia de peculado, el servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al estado para su beneficio o el de una tercera persona física o moral; así como el uso de los recursos para promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de 100 a 150 días de multa.
Asimismo, se reformó la reglas especiales para la individualización de la pena, es decir, el juez deberá tomar en cuenta para sancionar, el nivel jerárquico del servidor público y el grado de responsabilidad del encargo, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.
Finalmente, el diputado que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite una cantidad, dádiva, bienes, promesa o prestación que exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.
MICHOACÁN A LA VANGUARDIA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Con la aprobación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y diversas reformas, la LXXIII Legislatura local de Michoacán, se pone a la cabeza de los Congresos locales del país en el combate a la corrupción, afirmó el Presidente de la Mesa Directiva en el Poder Legislativo, Pascual Sigala Páez.
“Con la aprobación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y las reformas al Código Penal para el Estado, la Ley Orgánica de la Procuraduría y las relativas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, este Congreso, abona a la consolidación de un marco jurídico que permitirá una mayor gobernabilidad democrática en la entidad, dejando bien claro que nadie, por su condición de servidor público puede estar al margen de la ley, ni lejos del brazo de la justicia”.
En ese sentido, destacó que el Congreso del Estado contribuye firmemente con el combate a la corrupción e impunidad, por lo que las normas aprobadas este día representan un paso fundamental para Michoacán.
Pascual Sigala, adelantó que el Congreso del Estado de Michoacán trabaja ya en el segundo paquete de reformas entre ellas la Ley de Fiscalización, la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y la de Justicia Administrativa, mismas que estarán listas para someterse al pleno en unas semanas.
Resaltó que el Sistema Estatal Anticorrupción responde a una demanda de la sociedad civil, quienes demandan todo el peso de la ley a quienes cometan alguna irregularidad, no obstante, indicó que aún hace falta reformar más ordenamientos jurídicos y dar vida a las instituciones encargadas del combate a la corrupción, por ello, desde el Congreso del Estado se estará vigilante que estas normas legislativas se apliquen y sean efectivas.
Los grandes problemas de corrupción e impunidad, añadió, requieren ser resueltos mediante un cambio de paradigma, ligado necesariamente al compromiso social de no abonar a la corrupción y denunciar a todos los funcionarios que no están haciendo bien las cosas.
Pascual Sigala enfatizó que desde el Congreso del Estado, estarán vigilantes de que el Sistema Estatal Anticorrupción empiece a generar los efectos deseados en la administración pública.
Los efectos y los resultados buscados para lograr el éxito de estas reformas son muy claros, se requiere de la coordinación efectiva entre los cuatro pilares del sistema: la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, la Auditoría Superior del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa, todos ellos de la mano lograran que los delitos y las faltas sean sancionadas con oportunidad y rigor.
Subrayó que la implementación oportuna de las reformas deben derivar en la profesionalización del servicio público, acceso real a información del gobierno y los municipios, mayor participación ciudadana, y medios efectivos y seguros de denuncia, y de manera especial, sanciones penales e inhabilitación para todos los involucrados en actos de corrupción.
