En sesión ordinaria, el Pleno de la LXXIII Legislatura aprobó el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 17 transitorio del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017.
El dictamen presentado por los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública, Miguel Ángel Villegas, Carlos Quintana, Juan Pablo Puebla, Adriana Campos y Socorro Quintana; así como de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Raúl Prieto, Pascual Sigala, Eduardo García, Ernesto Núñez y Sergio Ochoa, establece que de la asignación presupuestal señalada para la Unidad Programática Presupuestaria denominada Secretaría de Cultura del Estado, se deberá destinar 600 mil pesos, al Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Morelia denominado “Colegio de Morelia”, para que éste a su vez los ejecute y destine exclusivamente a la “Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia”, integrada por niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
El recurso fue establecido para procurar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, a través de la oportunidad que les brinda la “Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia”, para acercarse a expresiones artísticas y culturales a través de la música.
Sin embargo, en la disposición transitoria se estableció la asignación de los recursos, a la “Orquesta Juvenil de Morelia”, siendo su nombre oficial “Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia”. Por lo tanto, para que acceda al recurso previsto se requiere que sea ministrado al Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Morelia denominado “Colegio de Morelia”, ente público sede de la “Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia”.
AYUNTAMIENTOS YA PODRÁN ACCEDER A CRÉDITOS
Con la finalidad de otorgar certidumbre a los ayuntamientos michoacanos para que puedan acceder a recursos para financiar obras o inversiones que beneficien directamente a población más pobre, el Congreso local aprobó reformas al Decreto Legislativo Número 198.
El dictamen presentado por los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública, Miguel Ángel Villegas, Carlos Quintana, Juan Pablo Puebla, Adriana Campos y Socorro Quintana; así como de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Raúl Prieto, Pascual Sigala, Eduardo García, Ernesto Núñez y Sergio Ochoa, destaca que la emisión de las nuevas normas reglamentarias de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por parte de la autoridad hacendaria federal, obligan a que los instrumentos legales locales en materia de autorización de financiamientos deban ser alineados y armonizados, para que los municipios puedan acceder a los financiamientos autorizados, sin obstáculos derivados de imprecisiones en los textos legales.
Su armonización permitirá que los municipios cuenten con los instrumentos legales óptimos para acceder a mecanismos de financiamiento que les permitan no solo cumplir con sus atribuciones constitucionales de prestación de servicios públicos, sino promover el desarrollo social de sus gobernados.
En ese sentido, el Decreto establece que los municipios podrán gestionar y contratar uno o varios financiamientos con Instituciones de Crédito o integrantes del Sistema Financiero Mexicano que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, hasta por los montos estipulados en el mismo, y afectando como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAIS), en los términos dispuestos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Los municipios deberán destinar los recursos obtenidos bajo este esquema de financiamiento para obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, así como en las zonas de atención prioritaria, particularmente en los rubros de: agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo.
Las operaciones de crédito podrán formalizarse también en el ejercicio 2018, por tanto, a partir de la fecha en que cada municipio celebre el contrato respectivo, será considerado ingreso adicional o por financiamiento en el ejercicio fiscal 2018, con independencia de que se encuentre previsto o no en la Ley de Ingresos de cada municipio.
En consecuencia los Ayuntamientos ajustarán o modificarán su Presupuesto de Ingresos y Egresos, para considerar el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda de sus respectivos cargos por los créditos contratados.
ELIGEN CONSEJEROS DE LA CEDH
Con el propósito de fortalecer el trabajo que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Congreso local designó a los tres nuevos Consejeros Ciudadanos que integrarán el organismo autónomo.
Los ciudadanos Daniel Rojas Sandoval, Juan Guillermo Cuevas Toledo, Mónica Gabriela Andrade Molina y Marco Antonio Tinoco Álvarez, fungirán como Consejeros de la CEDH, luego de que fueran electos mediante una terna, presentada ante el Pleno por los diputados Nalleli Pedraza, Andrea Villanueva, Raymundo Arreola, Ángel Cedillo, Carlos Quintana, Ernesto Núñez y Xóchitl Ruiz, integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, responsables de la elaboración del dictamen.
Con su designación la LXXIII Legislatura local refrenda su compromiso para impulsar ordenamientos legales y acuerdos que contribuyan a garantizar el pleno respeto y desarrollo de los derechos humanos en la entidad.
Los Consejeros Ciudadanos electos durarán en su encargo dos años, a partir del día 06 de julio del 2017 al 5 de julio de 2019, y tendrán carácter honorifico.
La terna para elegir Consejeros fue conforma por diputados integrantes de las Comisiones Unidas, una vez concluido el proceso establecido en la Convocatoria para la designación de Consejeros propietarios y suplentes, respecto a las propuestas recibidas a ocupar dichas vacantes.
PRESENTAN INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El Congreso debe legislar para garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales, aseguró la diputada Adriana Hernández Íñiguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo.
A decir de la también coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, su propuesta establece las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados, incluyendo dentro de estos a los sindicatos y a cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal.
“Es como consecuencia de este dispositivo que sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa: una propuesta que tiene como objetivo principal armonizar la legislación de nuestro Estado a la par de las disposiciones expedidas por la Federación, tutelar el derecho a la protección de datos personales, otorgar nuevas facultades a las autoridades competentes y establecer nuevas obligaciones a los sujetos obligados”, explicó la congresista por el distrito de la Piedad.
Es a través de 129 artículos repartidos en 11 títulos como se pretende proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del Estado y los municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento;
Con la armonización de esta ley también se establecen los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en la Ley, y se regulan los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte del Organismo garante, que es el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Hernández Íñiguez agregó que en su propuesta se marca que los titulares tengan a su favor las siguientes prerrogativas: acceso a sus datos personales, así como a la información relacionada con las condiciones de su tratamiento; solicitar al responsable la rectificación de sus datos personales, cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o desactualizados; requerir la cancelación de sus datos personales de los archivos del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión, y oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en el mismo.
“La intención de la presente iniciativa no es otra que poner el reloj de nuestro estado a la misma hora del resto del país en materia de derechos ciudadanos, una tarea que nos hemos impuesto desde el inicio de la presente legislatura y en la que, debemos aceptarlo, hemos contado con la participación generosa de otras fuerzas que coinciden en nuestro empeño, tal y como seguramente volverá a ocurrir en el rubro de la protección de datos personales”, concluyó.
PROMUEVEN EXHORTO PARA DEFENDER AL COBAEM
A propuesta de diputado Enrique Zepeda Ontiveros, el Congreso del Estado exhortó al Poder Ejecutivo para que dé claridad y certidumbre entre el COBAEM y la PGJE sobre el traspaso de un inmueble propiedad del Colegio de Bachilleres en la ciudad de Morelia, para evitar especulaciones o malos entendidos, y busque los mecanismos que den equilibrio a ambas instituciones, garantizando no afectar lo ya existente para dar vida al proyecto de ampliación de Ciudad Ministerial.
El diputado por el partido de Morena en su propuesta de Acuerdo de igual forma exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que dé certeza jurídica mediante los convenios y procedimientos legales a trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán.
Zepeda Ontiveros expresó que si lo que se busca es fortalecer el sistema de procuración de Justicia, esto no debería ser en perjuicio de lo que ya se encuentra instituido y consolidado como lo es una institución que a lo largo de 34 años ha llegado a proporcionar educación a más de 50 mil estudiantes a través de 110 planteles en todo el estado.
Lo anterior, en relación a que en días anteriores los trabajadores adscritos a las oficinas administrativas centrales que se encuentran a un costado de la Procuraduría, así como los Miembros del Sindicato de Trabajadores Unidos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Stucobaem) han expresado la inconformidad y la preocupación que existe por la intención de ceder a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Dichas instalaciones administrativas que albergan a 300 trabajadores, y que por indicaciones del Gobernador y a través del Director General Alejandro Bustos Aguilar del COBAEM han hecho saber la intención de ampliar el proyecto de Ciudad Ministerial, declarando que la propuesta es desocupar el inmueble en su totalidad para albergar oficinas ministeriales.
Asimismo, expone el director del COBAEM que se pretende en un lapso de tiempo rentar espacios para funcionar en lo que se edifica un nuevo lugar para los trabajadores administrativos, que en lo supuesto se llevaría sobre un terreno que le pertenece al Gobierno que se encuentra frente el deportivo Indeco, ya una vez concluido se cedería el edificio y el nuevo pasaría al patrimonio del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán.
AGUACATE REUNIRÁ A TODOS LOS SECTORES
Con la finalidad de llevar a cabo acciones de fondo que contribuyan al desarrollo del Estado, y atendiendo a la problemática que presenta la sustentabilidad del aguacate en Michoacán, la LXXIII Legislatura local, autorizó a los integrantes de las Comisiones de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Desarrollo Rural, Trabajo y Previsión Social e Industria, Comercio y Servicios de este Congreso del Estado, integren una mesa de diálogo.
La propuesta de acuerdo promovida por la diputada Socorro de la Luz Quintana León, sugiere que en dicha mesa de trabajo participen ejidos, comunidades, pequeños propietarios, productores, prestadores de servicio, técnicos, proveedores de insumos así como comercializadores e inclusive asociaciones civiles ambientalistas en la búsqueda de soluciones integrales que incluyan a todas las instituciones del sector ambiental, agropecuario y económico de los tres órganos de gobierno, mismos que deberán informar al Pleno el diagnóstico y las correspondientes alternativas de solución.
Lo anterior, derivado de la reciente controversia pública suscitada entre las autoridades del sector ambiental Federal y Estatal, consistente en la realización de inspecciones y actos de autoridad realizado en huertas de aguacate a últimas fechas, misma que ha generado incertidumbre y confusión entre los productores y la sociedad en general en el estado, además de la importante pérdida de superficie forestal que se ha registrado por el cultivo desmedido de este fruto.
En la exposición de motivos de dicho acuerdo señala que el tema resulta de interés nacional, pues Michoacán es líder en la producción de aguacate, ubicando a México como el país exportador número uno al nivel mundial, por lo que resulta urgente congregar a los actores involucrados para garantizar el futuro de este cultivo y el cuidado ambiental.
NO MÁS AUMENTO A LA GASOLINA Y DIESEL, PIDEN DIPUTADOS
Para evitar que se continúe afectando a los ciudadanos con el constante incremento de la gasolina y el diesel, el Pleno de la LXXIII Legislatura aprobó enviar un exhorto al Congreso de la Unión y al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que éstos emitan un acuerdo de carácter general para modificar las disposiciones establecidas por los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2017 en relación con el aumento de los precios al público de las gasolinas y el diesel, además de que la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica consideren las diferencias relativas por costos de transporte entre regiones y las diversas modalidades de distribución y expendió al público, en su caso, debiendo proveer ajustes de forma congruente con la inflación esperada en la economía.
Los acuerdos relativos al respecto, fueron propuestos por los diputados Belinda Iturbide, Andrea Villanueva y Juan Pablo Puebla. Que para tales efectos fueron integrados en uno solo y dictaminado por las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Industria, Comercio y Servicios, mismo que también pide prorrogar el impacto del incremento en los precios de la gasolina y el diesel, para que en estos momentos no estén supeditados a la referencia internacional de cada combustible, en tanto no existan las inversiones del extranjero o del mismo país que busquen invertir en la afinación, producción y distribución.
Lo anterior derivado del descontento entre la población, transportistas y el sector empresarial, porque adicionalmente impacta a la adquisición de otros productos y servicios, afectando el bolsillo de los ciudadanos, pues a su vez se genera una alza en los precios de los productos de la canasta básica, así como de la luz, gas y de otros servicios.
PROPONEN ADECUAR A LA REALIDAD LEY DE DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE
En Michoacán como en México, es necesario que los marcos normativos vayan acorde a la realidad, por ello los legisladores deben una revisión constante de los mismos, refirió el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Pascual Sigala Páez al plantear en sesión del Pleno de la LXXIII Legislatura local la armonización de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado.
El legislador enlistó las características que hacen de Michoacán un estado con una vocación eminentemente agrícola, y que obligan a una atención minuciosa de este sector para fortalecer su desarrollo.
Recordó que Michoacán se mantiene en la lista de estados de mayor producción agrícola en el país anualmente, estimada en 46 mil millones de pesos, en donde es el campo el principal generador de empleos para la entidad.
Además destacó que la entidad se ubica como el tercer estado del sector pecuario en el país, de manera que del total de los productos extraídos del campo michoacano, el diez por ciento es destinado a cubrir la demanda internacional, estimando la existencia de150 mil productores en el estado.
Otro dato citado por Sigala Páez tiene que ver con el cultivo y cosecha de aguacate que en temporada alta registra empleos hasta para 20 mil campesinos, mientras que en el corte de chile y jitomate, se requieren hasta ocho mil trabajadores al año.
La reforma planteada por el legislador prevé adecuar la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado a la realidad de Michoacán, así como armonizarla conforme a la reforma aprobada a la Ley Orgánica de la Administración Pública en septiembre de 2015 para su correcta denominación.
Sigala Páez subrayó que una correcta atención para detonar el desarrollo de Michoacán, implica velar por la protección de aquellos sectores en los que la entidad ha fincado sus fortalezas, por lo que el campo y el sector agropecuario siempre deberán estar en la primera línea de acción.
NECESARIO FORTALECER LA APLICACIÓN DE LA LEY EN CAMBIO DE USO DE SUELO
En Michoacán es necesario fortalecer la aplicación de la ley hacia las personas físicas o morales que realizan cambios de uso de suelo de manera ilegal con fines de explotación minera o realización de complejos habitacionales, subrayó el legislador perredista Juan Pablo Puebla Arévalo en la máxima tribuna del Estado.
El Pleno de la LXXIII Legislatura local, aprobaría este viernes a propuesta del legislador de extracción perredista, un punto de acuerdo para que quienes realicen cambio en el uso de suelo sin apego a la norma sean sancionados y sus permisos sean revisados con toda puntualidad.
“El gobierno del estado emitió comunicados de prensa estatales y nacionales, en sus plataformas digitales, en donde menciona su enorme preocupación sobre este tema, así como también lo exitoso de los operativos implementados por la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC) al desmantelar por todo el estado varias supuestas huertas ilegales”.
El legislador puntualizó que pese a que la realización de operativos podría coadyuvar a aliviar el proceso de deterioro ambiental que vive la entidad, se necesita ser conscientes de las implicaciones que tiene para la ecología el cambio de uso de suelo producto de desarrollos inmobiliarios o bien los que se ocasionan para la explotación minera principalmente en la costa michoacana.
“Ciudades como Morelia han sido víctimas de quemas ilegales de zonas boscosas, como las aledañas al cerro del Quinceo, en donde comienzan a asentarse viviendas”, refirió el diputado en torno a la urbanización no planificada.
Puebla Arévalo agregó en el caso de la minería que a nivel nacional la PROFEPA ha detectado que el 65 por ciento de las minas no cumplen con la normatividad ambiental y en la entidad, los medios de comunicación han dado cuenta de diversas clausuras de centros mineros que ha realizado esta autoridad; situación que evidencia cierto descuido en el otorgamiento de los permisos para el cambio de uso de suelo.
“Esta situación se agrava ante la fragilidad que experimentan los Ayuntamientos para poder hacer frente, con sus limitados y comprometidos recursos, al poder económico y de influencia de los desarrolladores de vivienda o de los grandes corporativos mineros, por lo que se hace necesaria la intervención decidida de la autoridad estatal”, señaló.
