IGLESIA Y NARCO
El estado de Guerrero se encuentra totalmente controlado por diversos grupos del crimen organizado; existe ingobernabilidad en todos sus municipios, incluyendo la capital Chilpancingo, donde la alcaldesa morenista Otilia Hernández reconoce públicamente su relación con los capos que gobiernan su estado, como se ha publicado en repetidas ocasiones en las redes sociales.
Quien dice ser la gobernadora, Evelyn Salgado ha desatendido los encargos gubernamentales de Guerrero al grado que lo ha entregado por completa a la delincuencia.
La ciudadanía indefensa o abandona sus comunidades, o se suma a los cárteles o se arman, reclutando inclusive niños, y se atrincheran en sus pueblos para defenderse de los grupos que los tienen subyugados.
Que decir de Acapulco, tras el desastre de Otis, apenas comenzaba a recuperarse y nuevamente los grupos delictivos reiniciaron con el cobro de piso y la extorsión. Lo que es un hecho es que Guerrero dejó de ser atendido por el Gobierno Federal, mucho antes de la llegada del poderoso huracán.
Por ello, ante la omisión de los tres órdenes de gobierno, obispos y sacerdotes de esa entidad, que viven en carne propia la ausencia del estado de Derecho, decidieron negociar y pactar con los capos del narco.
Cinco obispos, uno emérito, y otros sacerdotes, emprendieron negociaciones para apaciguar la narcoviolencia en Guerrero, logrando un acuerdo para cesar ataques en Chilpancingo y respetar el control criminal sobre las rutas de transporte público, pero no alcanzaron una tregua general en todo el estado.
Hoy, el presidente López Obrador fue cuestionado en su mañanera sobre el delicado asunto, quien avaló el pacto entre la iglesia y criminales…”lo veo muy bien”, dijo el presidente.
Externó que está muy bien porque todos debemos de contribuir a la paz y la Iglesia puede ayudar a la pacificación del país.
En contra parte, el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla, se pronunció en contra, toda vez que el Estado Mexicano, dijo, no puede ser sustituido por ninguna otra asociación en el combate a la violencia y la inseguridad.
Reprobó que se promuevan este tipo de encuentros aprovechando la influencia que tiene la iglesia entre la población. “No se debe de ofrecer el manto espiritual como interlocutor porque prestaría a malas prácticas y formalizar lo ilegal y dañino para la sociedad”, expresó.
Su declaración, pese a ser contraria a lo externado por el propio presidente, no debe de extrañarnos. El Ejecutivo estatal ha criticados la intervención de la Iglesia en asuntos de seguridad, a cuyos religiosos llegó a calificar como “voceros del narco”.
Si el Estado es el que tiene la responsabilidad constitucional de brindar seguridad a los mexicanos como bien lo señala el gobernador Ramírez Bedolla…pues para cuándo.
