LA ASF SECUESTRADA
El desmantelamiento de los organismos autónomos y contrapesos sigue su marcha, cada vez son más los espacios ocupados por integrantes de la llamada cuarta transformación; el poder presidencial lo puede todo; ha impuesto consejeros en el INE, Magistrados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Electoral a fin de ir minando su autonomía.
También han sufrido la embestida presidencial los funcionarios que han hecho señalamientos por las irregularidades encontradas en su gobierno, como es el caso de Agustín Caso Raphael, exauditor de la Auditoría Superior de la Federación, cesado del cargo por denunciar la existencia de opacidad en la auditoría de la cuenta pública.
El funcionario fue destituido de su cargo el pasado 9 de abril, por el auditor David Colmenares Páramo, a quien acusó a través de una carta, de abandonar los principios de autonomía e imparcialidad de la ASF con el afán de “hacer política” y calificó su remoción del cargo como arbitraria.
Advirtió que la autonomía y la independencia del organismo están en riesgo y que la Auditoría Superior de la Federación ha sido secuestrada por intereses políticos.
En su defensa, señaló que “La separación de poderes, el estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones deben ser la prioridad de los funcionarios públicos de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, pues estos principios constituyen el pilar de nuestra democracia y la única posibilidad para que el país crezca”.
Pero el verdadero motivo de su remoción y que los enterados aseguran puso furioso al inquilino de Palacio Nacional que ordenó su cese inmediato, fue el que el exauditor, encargado de revisar el costo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, reveló que su liquidación había implicado un costo de 331 mil millones de pesos y no 100 mil millones de pesos, como había dicho el gobierno de López Obrador.
También expuso que durante esta administración se han restringido las facultades para llevar a cabo las auditorías, lo que ha ocasionado el rezago en la recuperación de más de 309 mil millones de pesos de recursos públicos y también el avance del proceso jurídico para sancionar posibles actos de corrupción o irregularidades en el gasto del gobierno federal.
¿Por qué no le gustará al gobierno de López Obrador que lo auditen?
¿Por qué temerle a la transparencia en el manejo de los recursos públicos?
Solo pregunto.
