“Interesarse por los intereses de todos es propio de un gobierno ordinario; preverlos, es digno de un gran gobierno”.
Napoleón
El Proyecto de Nación 2018-2024 presentado por el ahora Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en noviembre del año pasado contiene un apartado sobre las líneas estratégicas para el combate a la corrupción.
A cargo del diagnóstico del que parten las propuestas de Morena, estuvo la Comisión de Política y Gobierno encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo y en la que se estableció que “la corrupción incrementa la desigualdad, la violencia, la desintegración, la decadencia moral y, en última instancia, el mal desempeño económico del país”.
En este documento se reitera que la corrupción no es un asunto cultural sino un asunto de cumplimiento y respeto a la ley por lo que se vincula íntimamente con el combate a la impunidad.
En el diagnóstico, el Proyecto de Nación reconoce que la corrupción se da en el desvío de recursos públicos; en la compra y adquisición de bienes y servicios por parte del Estado; se fomenta por la sobreregulación de actividades públicas que conduce al soborno y señala que tiene costos sociales y económicos importantes.
Las propuestas de Morena se resumen en cuatro estrategias:
Primero, fomentar la honestidad como un valor social. El documento reitera que la corrupción no es una cuestión cultural, pero destaca que hay que rescatar el valor de la honestidad de las culturas mesoamericanas, el sentido de la vida comunitaria y la regeneración de la vida pública desde abajo.
Segundo, el Presidente de la República debe ser ejemplo de honestidad. De esta manera “ese recto proceder tendrá que ser secundado por los demás servidores públicos”. En este sentido, el Proyecto Nación establece una serie de acciones implementadas desde el gobierno federal como la eliminación del fuero al Presidente y la obligatoriedad legal y moral de que los servidores públicos presenten su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.
Además, se fomentarán políticas de transparencia total “para que cada peso público sea completamente monitoreado”, habrá austeridad, autonomía total y ciudadanización plena de los órganos de combate a la corrupción; promoción de la transparencia e impartición de justicia; y se prohibirán las adjudicaciones directas.
En materia penal, se contempla modificar la regulación legal de la acción penal por particulares para incluir en dicha figura jurídica los delitos hechos por corrupción vinculando y fortaleciendo al Nuevo Sistema de Justicia Penal y al Sistema Nacional Anticorrupción.
Otras propuestas que tocan el tema del combate a la corrupción son la promoción de un gobierno abierto y estrecho; y el fortalecimiento a la procuración de justicia mediante la vinculación de la PGR con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para detectar actos de corrupción de los servidores públicos.
Tercero: trabajo conjunto con organismos internacionales. Siendo aún candidato, Andrés Manuel López Obrador solicitó apoyo a la ONU para el combate a la corrupción una vez que resultara electo.
Cuarto: por último, pero no menos importante, el Proyecto Nación destaca la importancia de la participación ciudadana en el combate a la corrupción mediante la obligatoriedad de programas de testigos sociales y contralores ciudadanos, al tiempo que se definirán otros procedimientos.
En este último punto el proyecto del Presidente electo coincide con la Política Nacional Anticorrupción que estamos construyendo en el Sistema Nacional y los Sistemas Estatales Anticorrupción y que coloca como eje transversal a la participación ciudadana.
