“Obedézcase pero no se cumpla”.
Figura jurídica propia, típica y endémica de la administración aplicada a las Indias Españolas. Siglo XIV
Este 2019, cumplimos 22 años de haber firmado el primer convenio internacional para el combate a la corrupción; 20 de haber firmado el segundo y, apenas en diciembre de 2018, cumplíamos 15 años en haber firmado la Convención de la ONU contra la corrupción.
Sin embargo, según Transparencia Internacional, en los últimos dos sexenios federales, México ha caído de manera constante y permanente en los Índices de Percepción de la Corrupción del lugar 70 de 106 países en el 2002 al lugar 138 de 180 países en el 2018.
Es importante destacar que Transparencia Internacional mide la percepción de la corrupción, es decir, recoge la evaluación de expertos y hombres de negocios sobre comportamientos como soborno, desvío de fondos públicos, uso de la función pública para beneficio personal, nepotismo, captura del Estado, así como mecanismos de integridad, juzgamiento efectivo a funcionarios corruptos y marco jurídico adecuado.
Esta percepción que -hay que decirlo- es la que compartimos los ciudadanos y que concuerda con las cifras de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que realiza el INEGI año con año; no corresponde con el seguimiento que los convenios internacionales le han dado a México en los últimos años.
Me explico: al paso del tiempo y, particularmente, con el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, México ha cumplido con gran parte de los compromisos adquiridos en los convenios internacionales y es que, al menos en el papel, el andamiaje jurídico e institucional que requieren los organismos internacionales existe en el país.
Sin embargo, a la hora de que ese andamiaje jurídico e institucional brinde resultados, no se acerca a lo que los ciudadanos esperamos respecto al combate a la corrupción.
Así, en cuanto al cumplimiento a los tratados internacionales, México se acerca a completar la check list al generar leyes, protocolos e instituciones para el combate a la corrupción, pero éstas no brindan los resultados que se esperan. ¿Por qué?
Ésta es la pregunta de los 64 mil millones: ¿Por qué, si existen las leyes y las instituciones para el combate a la corrupción, este mal no termina?
La respuesta está, quizás, en lo que María Amparo Casart explica en su libro “Anatomía de la Corrupción”: se trata de un fenómeno multifactorial y multidimensional y así mismo debe ser atacado.
Mientras sigamos cayendo en el error de querer reducir el combate a la corrupción a la creación de más leyes, protocolos e instituciones, no veremos resultados.
De igual manera, si nos empeñamos en reducir el problema de la corrupción a un fenómeno cultural o de valores; seguiremos en el anhelo de acabar con ella sin resultados eficaces.
Si seguimos pensando que la corrupción es la falta común entre la clase política y la empresarial y que los ciudadanos de a pie no tenemos injerencia en ella, no veremos la luz al final del túnel.
Debemos comprender que leyes sin aplicarse, impunidad, falta de valores, falta de sentido de comunidad, falta de conciencia ciudadana, son algunos de los multifactores que generan corrupción y que los ciudadanos de a pie somos también una de las múltiples dimensiones de la corrupción.
La teoría político-económica explica que no habría corrupción sin oferta y demanda; es decir, que no habría corruptos sin corruptores. Es por ello que, tanto el sector público, como el privado y la ciudadanía en general debemos estar unidos en un frente común contra la corrupción. La pregunta es ¿será posible conformar este frente común?
