“Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una complicidad vergonzosa” Víctor Hugo
Lo sabíamos, era un secreto a voces. La Auditoría Superior de Michoacán se había converntido en una agencia de colocación y había descuidado su labor.
Desde que se instaló el Sistema Estatal Anticorrupción, el anterior auditor José Luis López Salgado y el posterior encargado de despacho, Artemio Zaragoza; hicieron de conocimiento del Comité de Participación Ciudadana la odisea que era dirigir y coordinar las revisiones de los dineros públicos con personal que se sentía protegido por otros actores de la política para solo cobrar su salario sin devengarlo; amén de las dicotomías en las leyes y los reglamentos, la falta de claridad en los plazos y los procedimientos y hasta la falta de recursos económicos para salir a campo a revisar las cuentas públicas municipales.
Sin embargo, la omisión no se puede, ni debe justificar. El daño hecho al erario es lastimoso, vergonzoso y notorio.
El recién nombrado Auditor Superior, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, dio cuenta en días pasados de lo que todos sabíamos pero de lo que nadie tenía pruebas: cerca de tres mil asuntos se dejaron morir en la Auditoria (vaya usted a saber si con dolo o por desconocimiento) pero sucedió así.
Hay verdaderos monumentos a la corrupción, como el Teatro Matamoros, que simplemente se perdieron en el tiempo, en el mar de documentos y en el turno de los expedientes… y hay cuentas públicas municipales, a todas luces irregulares, que tuvieron el mismo destino.
Y para muestra basta un botón: irónicamente, hoy la Auditoría Superior de Michoacán tiene como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora (una especie de contralor interno) a Yankel Benítez, ex tesorero de Alfonso Martínez cuya cuenta pública está en revisión por la propia Auditoría.
Es decir, el ex funcionario municipal se encargará de evaluar a los auditores que, posiblemente, esté revisando su asunto. Así de ilógico y burlón está el asunto.
Es por eso que los ciudadanos que integramos el Sistema Estatal Anticorrupción y, más en concreto, quienes integramos la Comisión Ejecutiva, estaremos muy pendientes del desempeño de las instituciones que conforman el Sistema.
Para ello, emitimos ya un lineamiento para solicitar a cada uno de los 9 integrantes del SEA información sobre los asuntos que abordan, cómo lo hacen, cuáles son los tiempos estimados en la legislación para que se solventen, si esos plazos se están cumpliendo y, en caso de no ser así, por qué.
Esperamos que en las próximas semanas, las autoridades que conforman el Sistema se sienten con nosotros a elaborar los formatos para la entrega de dicha información y aprueben la entrega trimestral de los avances en su desempeño.
La ley nos permite hacer esa solicitud y confiamos en la buena voluntad de las autoridades para brindar la información y permitirnos conocer a fondo sus procedimientos para mejorarlos juntos (ciudadanía y gobierno) y juntos evitar que, a la vuelta de los años, escuchemos nuevamente que hay miles de asuntos relativos al buen uso de nuestros recursos olvidados en algún cajón.
