INSUFICIENTE PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Parte II
La gestión el presupuesto 2018, el llamado año cero, para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción fue compleja, como lo expliqué en la entrega anterior. Tan compleja que de 19 millones de pesos, solo se han ministrado 2.5 millones y éstos, están etiquetados para el pago exclusivo de sueldos y salarios, que no incluyen los honorarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana pues pertenecen a otro capítulo cuyo recurso no ha sido otorgado.
La historia del presupuesto 2019 no pinta diferente.
Para el mes de agosto de 2018, el máximo órgano de dirección del Sistema Estatal Anticorrupción, integrado por 9 funcionarios y el Presidente Ciudadano, no tenía conocimiento y, por lo tanto, no había aprobado el presupuesto para el 2019, requisito indispensable para que la paraestatal presentara su propuesta a la Secretaría de Finanzas y Administración, cuyos plazos para ello, ya habían cerrado.
Por ello, el Comité Ciudadano decidió, ante la necesidad de elaborar los documentos necesarios para la liberación del recurso 2018 y de construir la propuesta de presupuesto 2019, sugerir al máximo órgano de dirección que se designara a José Ignacio Celorio Otero como Director Administrativo de la Secretaría Ejecutiva.
Notificado oficialmente sobre su designación hasta un mes después, Ignacio Celorio, inició las gestiones para conocer realmente cuánto presupuesto podría ejercer la Secretaría Ejecutiva del Sistema en el 2018 y, de esa manera, construir el presupuesto 2019. Era necesario saber, por ejemplo, si se heredaría para 2019 el adeudo de salarios del Secretario Técnico y el adeudo de los honorarios de los integrantes del Comité Ciudadano; había que saber si se requería incluir en el presupuesto 2019 la instalación física de la Secretaría que no se había realizado hasta el momento; y así, varios aspectos.
Luego de varias sesiones de trabajo con los enlaces designados por los 9 funcionarios que integran el máximo órgano de dirección del Sistema los titulares (cuyos enlaces había asistido a las reuniones en las que se construyó un presupuesto aproximado de 28 millones de pesos), decidieron no aprobarlo hasta dos sesiones extraordinarias después señalando que desconocían cómo se había estimado el presupuesto y en función a qué se había elaborado la propuesta.
Finalmente, el 11 de octubre el presupuesto fue aprobado y, con la anuencia del máximo órgano de dirección, el Secretario pudo presentarlo ante la Secretaría de Finanzas y Administración.
La sorpresa vino el pasado 21 de noviembre cuando, a través de los medios de comunicación, conocimos que la propuesta de presupuesto para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción hecha por el Ejecutivo es de 18 millones de pesos.
No es poco si pensamos en términos de lo representa el gasto familiar de cualquiera de nosotros. Sin embargo no es suficiente para rentar un inmueble por 12 meses; adecuarlo -pues la instalación eléctrica de una casa promedio no soporta diversos equipos de cómputo y otros aparatos encendidos al mismo tiempo-; adquirir 40 equipos de cómputo; contratar a las 40 personas que se requieren para echar a andar la Secretaría; comprar escritorios, sillas, impresoras, copiadoras y papelería en general; adquirir las licencias para el uso de programas de cómputo y hasta adquirir el programa de cómputo especial que se requiere para cumplir con la Ley de Contabilidad Gubernamental.
A ojo de buen cubero, el Presidente del Sistema estimó que el presupuesto del resto de las instituciones que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción suma 240 millones de pesos aproximadamente, pero OJO, no todo ese presupuesto está destinado exclusivamente a la prevención, control y combate a la corrupción: hay que pagar sueldos, pagar a los proveedores y ejecutar programas que cada dependencia tiene por obligación legal, de manera independiente a su contribución en la lucha contra la corrupción.
De cerca de 67 mil millones de pesos que ejercerá Michoacán en el 2019, solo 18 millones son exclusivamente para la prevención, control y combate a la corrupción. Lo bizarro es que, si tan solo se resarciera el daño al erario que consta en un expediente iniciado contra un ex funcionario de nivel medio, el estado podría recuperar cerca de 90 millones de pesos. Se recuperarían 90 millones de pesos por uno solo de los casos de desvío de recursos.
¿Cuántos casos más hay? No lo sabemos, pero podemos imaginar que el cobro de esas sanciones sanarían enormemente las finanzas públicas y podrían brindar los recursos humanos, materiales y técnicos no solo al Sistema Anticorrupción, sino a muchas otras instituciones que día a día hacen un esfuerzo por cumplir sus obligaciones con los michoacanos.
