Desde 2003, México suscribió la Convención Internacional contra la Corrupción; es más, fue sede de la firma de dicha convención organizada por la Organización de las Naciones Unidas.
Sin embargo, en el país cada vez hay una mayor percepción de corrupción y parece que no hay mejora en lo inmediato.
En su Índice de Percepción de la Corrupción 2018 (IPC2018), Transparencia Internacional coloca a México en el lugar 138 de 180 países, es decir, en el lugar más bajo de la región, , apenas por encima de Guatemala y Nicaragua, estados que enfrentan severas crisis de gobernabilidad democrática.
Lo anterior también coloca a nuestro país como el último lugar de los Estados que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por debajo de Grecia y Hungria.
Más allá de los números poco halagüeños, según Transparencia Mexicana, las medidas para la prevención de la corrupción no son eficaces. Es más, la Dra. Monsert Olivos Fuentes nos comparte que desde que se promulgaron la primeras leyes de transparencia, allá por el 2002, México ha pasado de la posición 57 de 102 (se ubicaba en la media, digamos) a la posición 138 de 180.
Si existen los marcos legales, y las instituciones garantes para la prevención, control y combate, por qué en México se percibe que hay cada vez mayor corrupción?
Transparencia Internacional señala que en el país prácticamente no hay personas sentenciadas por actos de corrupción, ni funcionarios, ni particulares; no se logran desmantelar las redes de corrupción porque, lamentablemente, están protegidos por el mismo Estado y tampoco se recuperan los recursos públicos que se pierden por estos actos.
En pocas palabras, la impunidad siguen siendo ama y señora cuando se trata de corrupción.
Esta situación no sólo la reconoce Transparencia Internacional. La Encuesta Nacional para la Construcción de la Política Anticorrupción arrojó que los ciudadanos estamos a la espera de que, para acabar con este terrible mal, se investigue y sanciones a los responsables. Estamos esperando sanciones ejemplares, pero reales, que se cumplan y que no solo existan en papel como letra muerta.
Por otro lado, el Sistema Nacional Anticorrupción, un bebé de 2 años de edad, no ha sido implementado en su totalidad. A nivel federal falta el Fiscal Anticorrupción y los Magistrados del Tribunal Administrativo especializados en materia; y, en varios estados, el Comité Coordinador, máximo órgano de dirección de los sistemas tampoco está completo.
A ello se le suma el evidente desinterés de que los sistemas arranquen y funcionen pues hay estados, como Michoacán, en los que el presupuesto y la manera en que éste se programa, tiene amarradas las manos de la Secretaría Ejecutiva, instancia encargada de implementar y dar seguimiento a las decisiones que se tomen sobre la prevención, control y combate a la corrupción.
México es la decimoquinta economía del mundo pero, con estos índices de percepción de la corrupción, sigue ubicándose entre países con problemas graves de gobernabilidad y menores niveles de ingreso y desarrollo humano.
Hay que resaltar que este índice corresponde al año 2018, año electoral, año de cierre de un sexenio, de cambios en el Poder Legislativo Federal y de diversas autoridades en varios estados y municipios. Año de Hidalgo, para muchos; sin embargo, el panorama para 2019, a apenas un mes, no muestra mejoría.
La opacidad en la toma de decisiones importantes como la política pública para erradicar el robo de combustible ha dado muestras de que, por las prisas, no se procuran las condiciones para monitorear “cada pesos público” como se prometió en campaña.
En materia de prevención, control y combate a la corrupción, México sigue esperando la Cuarta Transformación, el cambio prometido; que, ante las acciones de la presente administración, se alejan otra vez.
