“No podemos esperar que quien nos gobierne lo haga bien, si para llegar a gobernar infringió las reglas”.
Mauricio Merino
Con motivo de la publicación de las convocatorias para que la ciudadanía michoacana participe en las elecciones a Gobernador, legisladores y alcaldes, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán emitió un posicionamiento exhortando a todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes del Estado para evitar el desvío de recursos públicos con fines proselitistas.
Quizá el llamado estaría de más si no hubiera en el país antecedentes públicos y notorios respecto al uso de recursos públicos en las campañas políticas como, recientemente, el caso Pemex- Lozoya ha evidenciado.
Sin embargo, el caso en particular que mencionamos no debe ser el único toda vez que el artículo 134 de la Constitución Política de nuestro país, en su párrafo séptimo, señala que los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno tienen, en todo momento, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad.
Por otro lado, tanto Mexicanos Contral a Corrupción y la Impunidad y la Consultora Integralia informaron que, por cada peso que los candidatos reportan al Instituto Nacional Electoral como parte de sus gastos de campaña, se utilizan, por lo menos, 25 pesos por “debajo de la mesa”
Estos recursos ilegales – no porque provengan de fuentes ilegítimas, sino porque violan las normas electorales- no provienen exclusivamente del sector privado, como generalemente se piensa.
Aunque las sanciones por el desvío de recursos con fines proselitistas brillen por su ausencia, los favores a candidatos desde el servicio público a cambio de algún beneficio futuro (licencias, “triunfos” en concursos o licitaciones, puestos en la burocracia, etc), son evidentes a los ojos ciudadanos quienes reportan el uso de recursos humanos (servidores públicos presentes en mitines, en horario laboral; por ejemplo); recursos técnicos (uso de infraestructura de la administración pública para fines proselitistas); recursos materiales (concentración y distribución de despensas para las campañas por parte de Secretarías y Direcciones encargadas de programas sociales, por ejemplo) o recursos financieros (el pago de lonas, mamparas, moviliario para mitines a cargo de secretarías o direcciones, por ejemplo).
Es por ello que, durante los procesos electorales y particularmente en este, debemos permanecer vigilantes tanto autoridades como ciudadanía para que los recursos que ponemos en manos de los servidores públicos para su adecuada administración se ejecuten en beneficio de la población y no para apoyar candidatos.
Vivimos un momento complicado. Atravesamos una emergencia sanitaria y una crisis económica que requieren la concentración humana, técnica, material y financiera de los niveles de gobierno para solucionar, en lo posible, las necesidades de la población cada vez más vulnerada por la enfermedad y la falta de empleo y no para desviar los recursos -ya de por si insuficientes ante la gravedad de los problemas- a las campañas electorales.
Por ello, en el Comité de Participación Ciudadana exhortamos a la ciudadanía en general a presentar quejas y denuncias por desvío de recursos, especialmente durante las etapas venideras del proceso electoral, ya que, sin estas quejas o denuncias, no podemos dar seguimiento y procurar las sanciones correspondientes.
