CONGRESOS COSTOSOS E INEFICIENTES
Uno de los gastos que más afecta a las familias mexicanas es el costo de la energía eléctrica que, lejos de bajar como había prometido López Obrador al inicio de su mandato, se ha incrementado y el servicio aún deja mucho que desear, solo basta unas cuantas gotas de lluvia para que vengan los apagones o la quema de transformadores.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2022, señala que los hogares mexicanos gastan en promedio 507 pesos al mes en electricidad, cifra que no parece alta, pero al final de cuentas puede ser un gasto que afecte la economía de las familias, especialmente las de escasos recursos.
Ante ello, en entidades federativas donde sí existe un Congreso local responsable, los legisladores, atendiendo la demanda de la ciudadanía, se han dado a la tarea de buscar alternativas legales para aligerar la carga del pago de la luz a cientos de familias de escasos recursos, especialmente a las integradas por adultos mayores o personas discapacitadas.
Tal es el caso del Congreso de Sinaloa, donde a iniciativa de un ciudadano de Culiacán, Luis Antonio Medina Morales, se pretende presentar una iniciativa a nivel federal para que sea posible se aplique descuentos en los recibos de luz de las familias más pobres del país y que tengan integrantes mayores de 65 años o con alguna incapacidad.
La iniciativa, a la que nombrarán “Ley Luisito” busca descuentos permanentes del 60 por ciento en el pago de los recibos de la luz. Lo malo es que llevan dos años insistiendo en el tema y que ningún legislador sinaloense apoyaba la petición, pero ahora, por fin la presente legislatura está abordando el tema.
Esos son los asuntos que los ciudadanos quieren que se aborden en los Congresos estatales, son temas que deben discutirse en tribuna porque son en beneficio de la población.
Por desgracia, los Congresos estatales en la mayoría de los casos, se han convertido en verdaderos circos, donde se atienden todo tipo de tópicos políticos de manera prioritaria, y en segundo término los que beneficien a la población.
Hoy en día esos Congresos se han vuelto ineficientes, caros y poco productivos, como el de Michoacán, que dista mucho de ser un digno representante del pueblo, porque se ha convertido en una oficialía de partes que sólo da trámite y aprueba las iniciativas de Morena o del Ejecutivo, sin ni siquiera analizarlas.
De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad, el Congreso Michoacano es el tercero más caro del país, nos cuesta a los michoacanos 224 pesos, per cápita y es uno de los que menos recursos destinan a los órganos de Auditoría.
Cada año, el poder legislativo aumenta y aprueba su presupuesto al menos en un 12 por ciento. Este año se aprobó un incremento que lo ubicó en 899 millones 992 mil 957 pesos, recursos que los diputados ejercen sin criterios de transparencia y eficiencia.
De ahí que nada nos extrañe en que el mismo Congreso, busque desaparecer el órgano auditor o cualquier otra instancia parecida, valiéndoles muy poco la transparencia y la opinión ciudadana.
