El Gobernador Alfredo Ramíez Bedolla anunció que se tienen los primeros avances de las auditorías aplicadas a la contratación de servicios subrogados en el sector salud por la pasada administración, por lo que se ha presentado 60 denuncias ante la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Función Pública.
La Contralora del Estado, Azucena Marín Correa aseguró que está en proceso la determinación del monto total del posible daño patrimonial que se haya causado al estado y que dependerá del origen del recurso, se dará aviso a las autoridades competentes.
Explicó que de las 60 denuncias en proceso, 14 fueron interpuestas directamente por la Secretaría de Salud y seis están relacionadas con un empresa de comunicación a nivel nacional.
Existen irregularidades como la creación de nuevas empresas ex profeso para otorgar los servicios, o cambios de razón social; cambios de modalidades en el tipo de contratación sin unidades de medida; duplicidades en servicios otorgados; así como el incumplimiento del servicio que se comprometió recibir.
Cabe señalar que las contrataciones realizadas por la pasada administración con empresas que ofrecen servicios subrogados, asciende a más de 7 mil 600 millones de pesos.
Hace apenas unos días, diputados de los tres Grupos Parlamentarios presentaron denuncia de hechos en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo.
En esa denuncia en particular en la narración de hechos, hay presuntos ilícitos, pero será la autoridad competente quien afirme su hay o no delito que perseguir.
Seguramente seguirán acumulándose denuncias en contra de la pasada administración por diversos actos de corrupción y desvío de recursos públicos, pero la pregunta es: ¿harán algo las autoridades?
O simplemente se trata de campañas mediáticas que intentan engañar a la población o son simplemente cortinas de humo para evadir las acusaciones de corrupción y conflicto de intereses que día a día brotan en el círculo más cercano al Presidente López Obrador.
Michoacán, no es el Gobierno de la República, ojalá aquí si se atrevan a llevar ante la justicia a quienes han utilizado su posición política y el uso de recursos públicos con toda opacidad en perjuicio de los michoacanos.
