GOBERNAR A DECRETAZOS
La decisión del Presidente Andrés López Obrador para que la Guardia Nacional dependa totalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de un decreto, presenta varias aristas que vale la pena analizar.
El presidente se ha dado cuenta que la imposición de sus iniciativas o modificaciones a las leyes ya establecidas, deben pasar por un Congreso seriamente dividido y polarizado, ya que la oposición se ha fortalecido y ha decidido no aprobar ningún intento por modificarlas.
Por ello, a través de un decreto, pretende que lo que sería una policía de carácter civil, ahora pase a ser parte de las fuerzas castrenses, lo que a opinión de especialistas, investigadores, constitucionalistas y políticos, representa una flagrante violación a la Constitución.
López Obrador sabe que ha perdido el control del Congreso y piensa que a través de “decretazos” puede imponer sus intenciones, sin importar que se violente la ley, como lo ya lo ha hecho en otras ocasiones y como declaró que seguirá violando.
Ante ello, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determine si es constitucional o no su propuesta. López Obrador afirma que la Guardia Nacional seguirá siendo un cuerpo de seguridad de carácter civil pero adscrito al ejército, pero no aclara como se va a encuadrar la propuesta para lograrlo.
Para Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, especialista en temas de seguridad y procuración de justicia, alertó que se está violando la división de poderes, los acuerdos legislativos con los partidos y está violando abiertamente la Constitución.
Mientras tanto, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, asegura que tal acción fractura el pacto constitucional y la división de poderes, así como una traición al poder legislativo, lo que acelera la militarización del país.
Afirma que gobernar mediante decretazos, es una señal peligrosa de un Presidente que opta por la ruta autoritaria, no democrática, por lo que es indispensable que la Corte juegue su papel, indicó.
Y no hay duda que la Corte deberá asumir su responsabilidad y restaurar el respeto institucional hacia la Constitución, que ha sido pisoteada en varias ocasiones por el propio poder presidencial.
