ONU PIDE A AMLO NO ATACAR PERIODISTAS
Tras el atentado sufrido por el periodista Ciro Gómez Leyva el pasado jueves, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, exigió al gobierno del presidente López Obrador que las autoridades garantizar la seguridad de los periodistas y no atacarlos, si no lo hace, no solo contribuye a la autocensura, sino que alienta la violencia contra los medios, señaló la organización.
Y es que nuevamente el mandatario abordó el tema, insistiendo que el incidente pudo haber sido un autoatentado para perjudicar a su gobierno, versión que ha sido rechazada por el propio Ciro y por organizaciones de periodistas y defensores de los derechos humanos.
Y es que este año, 13 periodistas han sido asesinados en México, según datos del gobierno. El país está considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la profesión, según la organización Reporteros sin Frontera.
La organización asegura que desde el año 2000, en México han sido asesinados más de 150 periodistas, y esos crímenes, en su mayoría, siguen impunes.
Pero no solo los periodistas corren peligro en México, también los defensores del Medio Ambiente y de la Tierra, buscadores de personas y defensores de derechos humanos son blanco de los atentados.
En un reporte de la organización Global Witness, se revela que México se ha convertido rápidamente en un país mortal para activistas y defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, donde al igual que el caso de los periodistas, los asesinatos quedan impunes en la mayoría de los casos.
Quince activistas han sido asesinados en este 2022. De enero a octubre, cinco mujeres buscadoras fueron asesinadas. En Oaxaca, cinco defensores de la Tierra también encontraron la muerte.
En ninguno de estos asesinatos ha habido avance en materia de justicia, no hay detenidos y la procuración de justicia en término de los defensores es nula.
En Michoacán, el pasado 10 de Diciembre fue asesinado el defensor de los bosques y coordinador purépecha de la Ronda Comunal de Ocumicho, Pedro Pascual Cruz.
Tras el crimen, la comunidad exigió al gobierno michoacano que les otorgue seguridad y garantías para proteger sus vidas. Ya han pasado 10 días y aún no hay detenidos ni respuesta a su válida petición.
Cuando un gobierno se jacta de apoyar todas las causas de los pueblos originarios, es el momento de mostrar congruencia de los discursos a favor de los pueblos indígenas.
Pero en México, a éste gobierno pareciera que la vida de periodistas y activistas no valen nada para ellos.
Está claro de que lado están.
