Como era de suponerse, la Secretaría de la Función Pública anunció que no hay evidencia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su hijo José Ramón hayan cometido algún delito en el caso de la casa gris de Houston.
La dependencia señaló que tras una investigación, no encontró evidencias que acrediten la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al Presidente y sus familiares.
López Obrador había sido denunciado por probable conflicto de intereses con el empresario Daniel Chávez Morán y por estar relacionados con la investigación periodística de la mansión de su hijo José Ramón.
La denuncia fue interpuesta por la Senadora Xóchitl Gálvez al conocerse la información de que el junior trabajaba en la empresa Kei Partners, propiedad de los hijos de Daniel Chávez, quien el presidente había nombrado como supervisor del Tren Maya.
Por ello, la Secretaría de la Función Pública inició en expediente y determinó que no encontró evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares.
De esta manera, un acto de corrupción a la vista de todos, la institución encargada de velar de la rectitud de los servidores públicos decepciona a la ciudadanía y demuestra que ni la ley está sobre la palabra y deseo presidencial.
Pero no hay duda que éste evento y su desenlace, dañó la reputación y la discursiva presidencial de luchar contra la corrupción como premisa fundamental de la cuarta transformación del país, cuando la corrupción se da en su círculo más cercano, su familia.
La responsabilidad institucional obligaría a que cualquier Presidente en democracia en casos presumibles de corrupción en su entorno inmediato, afectivo, encabezara la investigación exigiendo que las instituciones hagan su trabajo y evitando contaminar la atmósfera pública con supuestas conspiraciones de sus adversarios políticos.
Qué vergüenza que la propia secretaría de la Función Pública solape un delito que a todas luces es evidente e insultante para los mexicanos, su resolución es una verdadera tomada de pelo que los ciudadanos pensantes, que por suerte somos muchos, ya no la aceptamos como válida.
