PURA DEMAGOGIA
El Fiscal General del Estado Adrián López Solís, en un hecho insólito, reconoció que en la dependencia que encabeza tiene un rezago de 140 mil averiguaciones previas que no han logrado seguir su proceso dentro de la Fiscalía y que muchas de las que están rezagadas competen al antiguo Sistema Judicial Penal.
Señaló además que algunas se han judicializado de acuerdo a la ley, pero otras más se han determinado enviar al archivo definitivo, debido a la prescripción de la acción, es decir porque ha pasado mucho tiempo y el delito ya tuvo un vencimiento.
Aceptó que el que tras poco más de 20 a 30 años de no continuar el proceso judicial de las averiguaciones previas para conformar las carpetas de investigación y esclarecer el hecho delictivo, es premiar al delincuente y abona a la impunidad.
Pese a ello, existe el compromiso a continuar trabajando para reducir en rezago mediante un proceso de depuración en el que se encuentra inmersa actualmente la Fiscalía estatal.
Lo trágico de todo esto es que existen delitos realizados hace 30 años que quedaron impunes; en éste caso, qué se les dice a las familias de las víctimas, que consuelo o sentimiento de justicia pueden albergar cuando conocen que el delito que los agravió, no será investigado y mucho menos castigado.
Estos 140 mil delitos que han quedado en la impunidad, son el más claro ejemplo del que el sistema judicial en Michoacán le ha fallado a la sociedad, porque cuando el organismos encargados en investigar y perseguir los delitos y ejercer la acción penal correspondiente, reconocen que se encuentran rebasados por el cúmulo de denuncias acumuladas, se inhibe la presentación de nuevas querellas por parte de los ciudadanos que, optan por no denunciar.
Pero lo más grave, como reconoce el Fiscal, se abona a la existencia de la impunidad lo que resulta conveniente para los antisociales quienes de entrada saben que su fechoría, nunca será castigada.
De entrada habría que mejorar la imagen de la institución que ante la sociedad, es sinónimo de prepotencia y corrupción, donde la figura del Ministerio Público, quien se dice representante de la sociedad, se convierte en el verdugo pero no de los delincuentes, sino de las víctimas que en muchas ocasiones son extorsionados o simplemente ignorados por quienes tienen la obligación constitucional de integrar las carpetas de investigación correspondiente bajo el deber de lealtad, objetividad y debida diligencia.
Así las cosas, el precepto de “justicia pronta y expedita”, es pura demagogia.
