Uno de los problemas más añejos en nuestro país ha sido la corrupción, es digamos una tumoración en el cuerpo social de México, en diversas administraciones se han señalado sendos escándalos en la materia porque se exhibe la expoliación de recursos públicos, en la mayoría de los casos la coraza de la impunidad prevalece.
Es una cuestión reiterada que en cada lance electoral quienes aspiran a ocupar cargos de representación popular se llenan la boca con estentóreos discursos para prometer la aplicación de la ley caiga quien caiga, por lo regular tales anuncios no van más allá de una simulación que se queda atorada en la más vil demagogia.
Hace cuatro décadas, concretamente en la administración de Miguel de la Madrid Hurtado en la presidencia de la república, se prometía castigar a los políticos corruptos aunque al final del día se trataba de perseguir a presuntos delincuentes, pocos, que fueron enemigos del presidente en algunos casos, no se logró mucho con aquella campaña conocida de la Renovación Moral.
La corrupción, el saqueo y vicios de dicha magnitud se han mantenido con gobiernos de diferentes siglas y procedencia, no se han extirpado porque más bien son un problema sistémico, no hay un sexenio que no registre escándalos motivados por dichos asuntos ilegales, en la actualidad también se han registrado el asunto Segalmex.
La corrupción no es característica de un solo partido, a la clase política se le vincula, regularmente, con las prácticas ominosas apartadas de la ética, podemos invocar múltiples asuntos que involucran a dirigentes de diversos grupos, aunque al parecer la memoria histórica no es tan resistente y se olvidan muchos casos plagados de sombras.
Debemos cuestionar si realmente hemos tocado fondo en nuestro país porque la corrupción, como problema estructural, parece gangrenar a las instituciones públicas, se detectan casos escandalosos y luego llegan más expedientes con esa marca, uno tras otro como si fuese un asunto infinito. En las últimas décadas los escándalos parecen aumentar, algunos casos se han ventilado en tribunales internacionales como el expediente García Luna.
Ante los hechos presentes la constante es la impunidad, la no aplicación de la norma, ello resulta irritante porque si a ello le sumamos la inseguridad, el crecimiento del crimen organizado y la gravedad del desempleo la situación adquiere niveles de infierno. La violencia parece normalizarse en la narrativa del presente porque todos los días los actos que salpican sangre se registran hoy si y mañana también, lo grave es que la capacidad de asombro e indignación puede disminuir, ello no sería lo mejor.
El combate a la corrupción debe ser frontal y permanente, las autoridades legalmente reconocidas deben hacerlo porque se trata de un imperativo, no es una cuestión para simular porque la legislación vigente está para aplicarse, en caso contrario se habrá de mellar más el estado de derecho que atraviesa una evidente crisis.
Deseamos la autoridad competente haga lo que le corresponde en materia de perseguir los delitos e investigar la conducta de los presuntos responsables para que se aplique la norma, nada más y nada menos.
