Los últimos días han dejado una estela de horror porque la violencia desatada parece no tener límites, los poderes fácticos, concretamente el narco, lanzan dentelladas que devoran al tejido social porque el desafío es claro y la capacidad de respuesta del estado mexicano ha sido limitada.
Los hechos ocurridos en Culiacán o en Aguililla son una demostración de los alcances del crimen organizado, no hay tregua pero si episodios cruentos que dan cuenta de la vulnerabilidad institucional. Los actores políticos buscan, afanosos, culpables, la politiquería al máximo, igual que la mezquindad.
El recuento de los daños no concluye, las bitácoras dan muestra de hechos consumados, violencia en el campo y la ciudad; incluso ese fardo ha llegado de nuevo a los estadios de fútbol como sucedió en el estadio de San Luis Potosí en el que un grupo de vándalos pudo provocar una tragedia.
La pacificación del país parece una utopía si revisamos los hechos de actualidad, el crimen organizado mantiene su presencia ominosa un día si y otro también. Cierto, los últimos gobiernos federales no destacaron en el combate al hampa, el actual tampoco. Uno de los objetivos del estado es salvaguardar los derechos de la población, ello implica no claudicar ante la delincuencia porque se trata del problema número uno.
Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la república con una legitimidad incuestionable, destronó al PRI y dejó lejos al PAN, más de 30 millones de votos así lo rubricaron en su momento.
Las expectativas fueron altas porque veníamos de un sexenio en el que la corrupción fue una constante, los escándalos irrumpieron de manera copiosa, López Obrador fue persistente.
La 4t no parece tener una bien diseñada estrategia para combatir al crimen, se ocupa de las fuerzas coercitivas del estado porque éste es quien detenta el monopolio legal de la violencia al estar investido de legitimidad, ello no significa reprimir impunemente sino definir la intervención como lo prevén las leyes vigentes.
En Culiacán se aceptó por los altos mandos que no se aplicó un operativo eficaz, se dejó libre al vástago de Joaquín El Chapo Guzmán, la ciudad fue sitiada y de los males, como se dice, el menor. Se optó por evitar más bajas de la población civil. El debate no concluye, tampoco la violencia ni la impunidad.
Los enemigos del presidente parecen festinar los errores del mandatario, aunque algunos de ellos no acreditan calidad moral porque en su momento implementaron medidas erróneas que fueron cobradas en las urnas.
No obstante, la diversidad de opiniones es natural en las democracias, sólo que en el caso México el fanatismo alimenta los debates, el odio se usa como un argumento y la histeria nubla la razón.
Se ocupa de un país de leyes, no sólo eso, sino uno en el que los ordenamientos legales se apliquen porque es la única manera de abatir los índices de impunidad. Si se mantiene la tónica actual entonces el apocalipsis habrá llegado temprano.
