Ante el artero asesinato del colega Armando Linares López, director de Monitor Michoacán, ocurrido este martes en la ciudad de Zitácuaro, el GRUPO MORELOS condena de la manera más enérgica el crimen, demanda que no quede en la impunidad y exige condiciones básicas de seguridad para el ejercicio del periodismo en Michoacán, como en todo el país.
Es claro que la actividad de los medios de comunicación en México, atraviesa hoy por uno de sus momentos más aciagos, no solo por el número de periodistas que están siendo privados de la vida, sino por la absoluta impunidad que suele reinar ante esos crímenes. No por nada en el mundo entero hay alarma por el alto riesgo que significa ser periodista en México.
El crimen del colega Armando Linares, ocurrido frente a su familia, en su propio domicilio, es un botón de muestra más de esa trágica realidad. Los integrantes del GRUPO MORELOS exigimos, primero, que desde ninguna instancia gubernamental se propalen rumores malsanos que buscan desvirtuar la actividad periodística que Armando llevaba a cabo, a manera de “explicar” o hasta “justificar” su asesinato. Demandamos una investigación profunda, sin prejuicios de ningún tipo por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado.
No puede soslayarse el hecho de apenas el pasado 31 de enero, Roberto Toledo, colaborador del mismo medio de comunicación, había sido también asesinado, sin que hasta ahora se conozcan avances en la investigación del crimen, como tampoco debe pasarse por alto que ambos, Roberto y Armando, habían venido denunciando presuntos actos de corrupción de variada índole por parte de autoridades de la región, lo mismo que de otros niveles.
Exigimos igualmente que el Estado Mexicano en su conjunto tome este crimen, y los demás que han tenido lugar en contra de colegas en el resto del país, con la seriedad y responsabilidad que su gravedad demandan. Es inadmisible, amén de vergonzoso, que México siga siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo.
Como nunca quizá, la libertad de prensa pende de un hilo en nuestro país, y es obligación del Estado preservarla, no volver la mirada a otro lado para rehuirla. Por tanto, demandamos que desde lo más alto del poder político y constitucional, deje de golpearse cotidianamente a quienes ejercemos el periodismo, con señalamientos casi siempre infundados que solo propician, al menos en una parte de la población, un ánimo violento contra la prensa. El poder público no puede olvidar que a las agresiones verbales siguen, invariable y peligrosamente, las físicas.
A los colegas de Zitácuaro enviamos nuestra completa solidaridad, porque tenemos claro que el mismo riesgo que están corriendo ellos, lo enfrentamos todos.
Nos sumamos irrestrictamente a la exigencia: ¡NI UNO MÁS!
